Apelan rechazo de pedido de cruce de llamadas

Guillermo Duarte es uno de los dos abogados de la querella adhesiva.

Tribunales
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Rodrigo Quintana, presidente de la JLRA de la Colmena, Paraguarí, murió el 1 de abril, tras la irrupción de policías en el PLRA.


Los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Santiago Lovera, representantes de la familia de Rodrigo Quintana, el joven dirigente liberal asesinado en la madrugada del 1 de abril por uno de los policías que irrumpió en la sede del PLRA, apelaron la decisión del juez Alcides Corbeta de rechazar la solicitud de cruce de llamadas hecha por la querella adhesiva.

Los abogados plantearon un recurso de apelación general contra el A.I. Nº 714 del 11 de octubre pasado, por el cual el magistrado resolvió no hacer lugar al pedido de control judicial requerido por los querellantes adhesivos.

Los profesionales habían solicitado al juez que pida informes a las compañías telefónicas el extracto de llamadas entrantes y salientes, así como las celdas de ubicación de los números de celular de las personas identificadas en el cruce de llamadas pertenecientes al celular del excomandante de la Policía nacional, Críspulo Sotelo, y varias autoridades, ya que no obtuvieron respuesta por parte del Ministerio Público.

El magistrado explicó en su resolución que la fiscala Raquel Fernández informó que ya había rechazado la petición de la querella adhesiva por impertinente, por tanto, no puede inmiscuirse en una cuestión relacionada exclusivamente con un acto investigativo a cargo de la titular de la acción.

Ante esto, el escrito de apelación señala que esta resolución agravia a la querella “porque permite la violación de la garantía de igualdad de oportunidades procesales, atenta contra el principio de búsqueda de la verdad, además de convertirse por esta vía el Poder Judicial en cómplice de la frustración de la persecución penal, lo que torna a la decisión arbitraria, sin que existan los presupuestos exigidos por la ley para la justificación de la decisión adoptada”.

Asimismo, afirma que el juez omitió analizar los fundamentos expuestos por la fiscala Raquel Fernández, y al no hacerlo obvió el rol que como juez de garantías le incumbía, que es impedir que una agente fiscal pueda torcer la realidad con afirmaciones que no se compadecen con las conclusiones lógicas que surgen de los elementos colectados en la carpeta fiscal.

Agrega que lo que la querella desea saber es quién ordenó a la policía ingresar al PLRA. “Esta pregunta es la que el Ministerio Público se ha negado a realizar desde el principio”, acota.

Finalmente, los querellantes aseguran que es “de extrema gravedad la falta de realización de las diligencias requeridas, pues las mismas consisten en datos que las empresas de telefonías móviles solo las mantienen en sus servidores por el lapso de seis meses, plazo que se cumplió el pasado 1 de octubre de 2017, con lo cual se han perdido datos de vital importancia para esta investigación por negligencia absoluta del Ministerio Público”.

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Milner Núñez (Noticias)
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