Condenado por colectar desechos nocivos

El condenado en compañía de sus abogadas.

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Las condiciones del almacenamiento no eran las adecuadas, por lo que puso en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente.


A dos años con suspensión de la ejecución de la pena fue condenado hoy Rubén Figueredo, presidente de la Fundación Itá Enramada, por almacenar, sin tener la licencia para hacerlo, pilas en desuso y desechos patológicos, que pusieron en peligro la salud de las personas y el medio ambiente.

Si bien el fiscal Jalil Rachid solicitó tres años y seis meses de cárcel, el Tribunal de Sentencia, integrado con los jueces Arnaldo Fleitas, Elsa García y Víctor Medina, consideró que lo justo eran dos años con suspensión. Se dispuso, además, la destrucción de los desechos.

Se lo halló culpable de procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de las leyes de mitigación ambiental (artículo 5° de la Ley 716/95). El hombre recolectó los residuos por casi 20 años, por lo que llegó a almacenar poco más de 140 toneladas.

El presidente del tribunal, Arnaldo Fleitas, acotó que no se discutió la violación de normas administrativas por parte del acusado porque, de hecho, la propia defensa lo reconoció. No obstante, las abogadas defensoras alegaron que existía una justificación para ese actuar.

Posteriormente, la jueza García habló de este último aspecto mencionado por su colega. Al respecto, explicó que para que exista justificación debía haber una situación de conflicto o para evitar un mal mayor.

Sin embargo, respecto a los desechos hospitalarios, mencionó que con la acumulación de estos residuos (incautados en un allanamiento el 26 de setiembre de 2014 en Itá Enramada) sin las condiciones adecuadas, se incrementó la peligrosidad.

Con relación a las pilas, baterías y otros elementos electrónicos en desuso, la magistrada acotó que el acusado, a través de la fundación, inició una campaña pública de concienciación en la que él mismo convocaba a las personas a que le llevaran sus residuos, estas caían en el error de entregárselos en el entendimiento de que él podía almacenarlos.

No obstante, Figueredo no tenía una licencia otorgada por una autoridad competente para que realice esa actividad.

La sentencia íntegra será entregada el próximo 27 de octubre, a las 13:00. En ella se establecerán las obligaciones que el condenado deberá cumplir como condición de la suspensión.

Por su parte, el representante del Ministerio Público aseguró que está conforme con la decisión porque, finalmente, se llegó a una condena y de demostraron los hechos.

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Milner Núñez (Noticias)
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