Apelan condena impuesta a recolector de pilas

La abogada Rosa Martínez de Vacchetta presentó la apelación especial.

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La defensa no quiere la realización de un nuevo juicio, sino la revocación de la sentencia y la absolución directa de su cliente.


La abogada Rosa Martínez de Vacchetta apeló esta mañana la condena de dos años con suspensión a prueba de la ejecución de la pena impuesta a Rubén Figueredo, presidente de la Fundación Itá Enramada, por recolectar desechos nocivos, sobre todo pilas en desuso.

La defensora no pide la anulación de la sentencia, pues esto implicaría la realización de un nuevo juicio, sino que a su criterio corresponde la revocación del fallo y la consecuente absolución de su cliente.

La resolución impugnada es la del pasado 20 de octubre, dictada por el Tribunal de Sentencia integrado con los jueces Arnaldo Fleitas, Víctor Medina y Elsa García.

Martínez de Vacchetta afirma que el colegiado aplicó de manera incorrecta el artículo 200, inciso 1°, numeral 1) del Código Penal, que establece que el que almacenara desechos fuera de las instalaciones previstas para ello será castigado con una pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa.

Sobre el punto, acota que quedó probado en juicio que ni el municipio de Asunción ni el de Lambaré cuenta con esos lugares específicos de acopio de los residuos.

Asimismo, menciona que se aplicó el inciso 2° del mismo artículo, que indica: “o apartándose considerablemente de los tratamientos prescriptos o autorizados por disposiciones legales o administrativas”.

En este punto, precisó que la normativa que establece el tratamiento de este tipo de desechos se promulgó recién el 18 de setiembre de este año, refiriéndose a la Ley 5882/17 “De gestión integral de pilas y baterías de uso doméstico”. A partir de la promulgación la SEAM tiene 180 días para reglamentar la norma.

Al respecto, afirmó que la Secretaría del Ambiente (SEAM) aclaró el pasado 25 de octubre quiénes son los responsables de colectar los residuos, es decir, los municipios y que esto es de cumplimiento obligatorio.

Así también, asegura que se aplicó incorrectamente el artículo 5, inciso e) de la Ley 716/96 que castiga los delitos ambientales, pues este establece que será castigado aquel que incumpliera las normas legales o administrativas. Sin embargo, estas no existen, precisó.

“Le culpan a un individuo de la carencia estructural del Estado paraguayo, pues Rubén Figueredo tiene el derecho, pero no el deber de precautelar el ambiente”, aseveró y reiteró que de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, una de las funciones de los municipios es la recolección y disposición final de los residuos sólidos.

Por último, la defensa solicita al Tribunal de Apelación que intime a las municipalidades a que cumplan su función de recolección y disposición fianal de residuos con segregación en origen.

Figueredo fue condenado por procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de las leyes de mitigación ambiental. Los magistrados consideraron que el hombre que juntó durante casi 20 años más de 140 toneladas de residuos nocivos, dentro del marco de una campaña de concienciación que había emprendido, no tenía una licencia otorgada por la autoridad competente para realizar esa actividad.

Los desechos fueron incautados en un allanamiento en Itá Enramada, el 26 de setiembre de 2014.

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Milner Núñez (Noticias)
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