Fijan audiencias para Osorio y su esposa

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Es en el caso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, derivado del proceso por el negociado con vales de combustible.


Después de mucho tiempo, finalmente, el juez penal de Garantías, Humberto Otazú, impondrá medidas cautelares al policía dado de baja, Roberto Osorio, exadministrador de la Comandancia, y su esposa Ada Liz Da Rosa, imputados por enriquecimiento ilícito y en el caso de ella, también por lavado de dinero.

La convocatoria es para el próximo 18 de diciembre de este año, a las 9:00. Esta audiencia nunca pudo llevarse a cabo debido a los innumerables incidentes que planteó la defensa en la causa desde el 29 de marzo de 2016, fecha de la imputación.

Por otra parte, para el 12 de febrero de 2018, a las 9:00, está fijada la audiencia preliminar para ambos.

Esta investigación se extiende desde la entrada a la función pública de Osorio hasta el mes de marzo de 2015.

El exadministrador está imputado por enriquecimiento ilícito en calidad de autor y su esposa por lavado de dinero (autora) y enriquecimiento ilícito como cómplice. Este último hecho punible fue ampliado con relación a ella el 16 de marzo de 2017.

La hipótesis de la Fiscalía es que la señora Da Rosa Franco realizó cuantiosas adquisiciones de vehículos y mantuvo un estilo de vida muy superior a sus reales posibilidades económicas, teniendo en cuenta que ella no tiene ni ha tenido un trabajo estable. Estos gastos tampoco condicen con los ingresos de su esposo, quien como suboficial mayor de la Policía Nacional percibía un salario que no supera los G 7 000 000.

La imputación agrega que a través de los Registros de Automotores se tuvo conocimiento de que Da Rosa tiene siete vehículos a su nombre, entre ellos un Kia modelo Sportage, año 2012, que adquirió por la suma de USD 36 975; una Mitsubishi modelo Triton año 2011, por USD 36 800; un Audi modelo Q7 del año 2014, por USD 120 000, y una Toyota modelo Hilux del año 2014, por valor de USD 49 140.

Este proceso se desprende de la causa que se inició debido a las irregularidades cometidas por Osorio y el excomandante de la Policía, Francisco Alvarenga, en el uso de las tarjetas de combustible de la Policía, que ocasionaron un perjuicio de más de G 1 100 millones. El caso por lesión de confianza y estafa se tramitó ante el juez penal de Garantías, Gustavo Amarilla, quien ordenó su elevación a juicio.

Sin embargo, la audiencia oral y pública no se ha podido desarrollar aún, debido a que Osorio suspendió el inicio en tres ocasiones este año.

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Milner Núñez (Noticias)
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