Corte se pronuncia sobre supuesto acoso sexual

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La denuncia fue realizada por la funcionaria Alejandra Cáceres ante medios de comunicación y vía Facebook.

La Aclaratoria fue divulgada por la Dirección de Comunicación de la Corte ante publicaciones periodísticas sobre declaraciones de una funcionaria en relación a la supuesta inacción de la Corte Suprema de Justicia y ocultamiento de pruebas en el marco de una denuncia por la comisión de hechos punibles contra la autonomía sexual y acoso laboral por parte de otro funcionario judicial.

A continuación se transcribe la aclaratoria firmada por el Director de Comunicación de la Corte, Luis Giménez e indica lo siguiente:

Que la funcionaria afectada ha recibido y sigue recibiendo el acompañamiento correspondiente de acuerdo a la competencia de los órganos que componen la Corte Suprema de Justicia, desde el momento en que el hecho ha sido puesto a conocimiento de las autoridades.

Además, que los antecedentes del caso obran en su totalidad en el Ministerio Público por disposición del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial, que resolvió remitirlos ante la presunta comisión de un hecho punible. 

Por otra parte en el comunicado se relata cronológicamente lo realizado hasta el momento por la Corte, manteniendo la debida reserva de los datos sensibles, conviene puntualizar lo siguiente.

El pasado 24 de noviembre de 2017 el Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial tomó conocimiento de los hechos declarados requiriendo inmediatamente informes sobre la existencia de denuncias a las siguientes dependencias: Secretaría de Género, Oficina de Quejas y Denuncias, Departamento de Asistencia Social, Superintendencia General de Justicia y Dirección de Asuntos Internos. 

Que, ante dicho requerimiento, la Secretaría de Género dependiente de la Corte, respondió que venía realizando el acompañamiento a la funcionaria a partir del 22 de setiembre de 2017, brindando una asistencia a través de un equipo multidisciplinario compuesto por abogadas y sicólogas, en el marco de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en la Acordada No. 609/2010 y observando los principios, normas y garantías que rigen en estos casos. 

Que, El  27 de noviembre de 2017 el órgano disciplinario del más alto tribunal dictó la resolución N° 608 por la cual dispuso la apertura de una investigación formal sobre los hechos denunciados por la funcionaria. Esa misma fecha la afectada solicitó permiso especial con goce  de sueldo que le fue concedido desde el 28 de noviembre al 31 de diciembre de 2017 por medio de Resolución N° 2489/17 del Consejo de Superintendencia.

El 6 de diciembre de 2017 la Oficina disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia remitió al Consejo el informe de las investigaciones preliminares y en fecha 12 de diciembre de 2017, luego de analizar los antecedentes se emite resolución al respecto. 

En otro momento la aclaratoria menciona que, en su resolución el Consejo dispone, ante la presunta comisión de hecho punible, la remisión de los antecedentes al Ministerio Público, como así también que el Departamento de Seguimiento de Casos de la Oficina Disciplinaria verifique los trámites que otorgue el Ministerio Público a la denuncia. 

Dispone igualmente que se ordene a la Dirección de Auditoria de Gestión Judicial realice una auditoría integral en los trámites otorgados a los expedientes en las secretarías del Juzgado Penal de Sentencia (donde la misma prestaba sus servicios), como así también se dispone provisionalmente comisionar a la funcionaria afectada a cumplir funciones en igual carácter en otro Juzgado, a cargo de una magistrada, hasta nueva disposición a partir de su reintegro efectivo. 

Por otra lado que en fecha 12 de diciembre (misma fecha de la resolución) los antecedentes  (copia del expediente con 126 fojas) se recepcionaron en el Ministerio Público.

En tanto el 14 de diciembre, la Superintendencia de la Corte remite al Consejo de Superintendencia el informe sicológico de la funcionaria y que el 18 de diciembre se remitió nuevamente el informe a la Superintendencia a los afectos de su agregación al expediente. 

Finalmente, el 26 de diciembre, la Unidad de Seguimiento de Casos de la Superintendencia General de Justicia remitió al Ministerio Público copia autenticada del informe sicológico y la nota presentada por la funcionaria.

 

 

 

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