Denuncian a Policía, Fiscalía y PJ por violación de DD.HH.

Alberto Medina, padre de Anderson Alberto Medina, realizó la denuncia esta mañana | Archivo.

Sociedad
Tipografía

La denuncia fue presentada ante Amnistía Internacional Paraguay por el padre de una víctima de policía “gatillo fácil”.


Alberto Medina, padre de un joven víctima de policía “gatillo fácil”, presentó esta mañana ante Amnistía Internacional Paraguay una denuncia contra la Policía nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial por violación de derechos humanos. 

El afectado es Anderson Alberto Medina, quien el 1 de julio de 2012, en el kilómetro 10 de la ruta “Gaspar Rodríguez de Francia” (Alto Paraná), fue perseguido y herido en la espalda por el suboficial mayor Narciso Cañete Cáceres, quien respondió al pedido de refuerzo de una patrullera que perseguía por equivocación al joven.

Uno de los disparos le alcanzó la columna, por lo que Anderson quedó con graves secuelas, ya que no podía caminar. No obstante, luego de un largo y costoso tratamiento, ahora puede movilizarse, pero no por mucho tiempo, tampoco puede mover el cuello ni hacer deporte. Él perdió su trabajo, su estudio y nunca recibió algún tipo de resarcimiento económico por parte del policía o de la institución, según la denuncia.

CONDENA. A raíz de este hecho, el policía Cañete fue condenado el 28 de abril del año pasado a cinco años de prisión por lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas. La fiscala Liliana Zayas había solicitado 15 años de pena y que el agente sea remitido a la cárcel inmediatamente. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia de Ciudad del Este, conformado por las juezas Haydée Barboza, Zunilda Martínez y Alba Meza, consideró que el uniformado debía seguir en libertad hasta que el fallo quedara firme.

La pena fue apelada por la Fiscalía y la cámara ordenó la realización de un nuevo juicio, pero solo para analizar la pena.

Es así que en noviembre de 2016, otro Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Amílcar Marecos, Mónica Rivas de Talavera y Milciades Ovelar Escobar, lo condenó a siete años y seis meses de cárcel; no obstante, le mantuvieron las medidas hasta que el fallo quede firme, a pesar de las constantes amenazas recibidas por la familia de la víctima por parte del condenado.

Posteriormente, en abril de este año, mediante un recurso extraordinario de casación, la defensa recurrió la decisión de cámara ante la Sala Penal de la Corte, instancia que ya admitió el recurso para su estudio.

DENUNCIA. En cuanto a la implicancia de las instituciones denunciadas, Alberto Medina menciona que el Ministerio Público actuó con negligencia y total desinterés, debido a que la fiscala de la causa, Arminda Rivas, no realizó ninguna acción investigativa durante tres meses e, incluso, le pidió al padre de la víctima que abandonara la denuncia, pues ella conseguiría que el policía le entregara una suma de dinero para ayudar a afrontar los gastos de recuperación de su hijo. Recién cuando intervino la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Olga Ferreira, la Fiscalía General reasignó la causa a la Unidad de Derechos Humanos.

Respecto a la Policía, el denunciante menciona que desde un inicio hubo complicidad, ya que se falsearon los informes y los hechos. En este aspecto, hubo dos partes.

Por último, con relación al Poder Judicial, afirma el denunciante que desde un inicio hubo protección y parcialidad de parte de este poder del Estado respecto al policía Narciso Cañete. Explica que a pesar del hostigamiento sufrido por la familia de la víctima por parte del condenado y de las reiteradas solicitudes de revocatoria de sus medidas, nunca ordenaron la prisión del policía.

De acuerdo con la denuncia, el policía sigue cumpliendo funciones en la Comisaría 5° Metropolitana de Asunción y hasta hoy amenaza y hostiga a la familia de la víctima.

PEDIDO. El denunciante solicita a Amnistía Internacional Paraguay la investigación y el seguimiento del caso, así como un comunicado en el que inste al Gobierno a proteger los derechos humanos y a dar prontas respuestas a los casos de gatillo fácil. También pide que exhorte al Estado a dar protección a la familia denunciante debido a las constantes amenazas de muerte y hostigamiento realizados por el condenado.

anunciante
anunciante
anunciante
anunciante
Milner Núñez (Noticias)
anunciante
anunciante