La imputación fiscal contra Santiago Peña expone una trama que va más allá de la permanencia de fondos públicos en Ueno Bank. El Ministerio Público también le atribuye haber recibido dos préstamos por G. 3.548 millones para construir su vivienda en San Bernardino, con cuotas que equivalían a seis veces su salario presidencial, y haber respaldado públicamente a la entidad mientras los organismos de control advertían sobre su delicada situación financiera.