El abogado Gustavo González Planás cuestionó que el proceso contra el exministro Joaquín Roa haya quedado asociado públicamente a A Ultranza Py, pese a que, según sostiene, la acusación contra su cliente se refiere a presuntas inconductas en la administración pública y no a hechos vinculados al narcotráfico o lavado de dinero. El defensor advierte que esa asociación pudo influir en la percepción del caso y denuncia vulneraciones de garantías procesales.
El juez de Cordillera Augusto Acuña homologó un acuerdo entre las partes y dispuso el sobreseimiento definitivo de Eugenio Sanabria Vierci, quien enfrentaba un proceso por homicidio culposo por un accidente de tránsito ocurrido en noviembre de 2024 y que dejó cuatro personas fallecidas.
El Ministerio Público presentó acusación contra el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Arnoldo Wiens y pidió que enfrente juicio oral y público por hechos vinculados al fallido proyecto Metrobús. La Fiscalía sostiene que, durante su gestión al frente del MOPC, se produjeron decisiones y omisiones que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado de G. 14.955.317.035.
El Tribunal de Sentencia concluyó que el Ministerio Público no logró demostrar los hechos que sustentaban la acusación contra la exmagistrada. Las juezas Rossana Maldonado y Lourdes Garcete, junto con el juez Juan Francisco Ortiz, cuestionaron la tesis fiscal y señalaron que la investigación estuvo marcada por un “sesgo de confirmación”.
La Coordinadora de Víctimas de la “Mafia de los Pagarés” convocó a una manifestación pacífica y silenciosa frente a la sede judicial de Villa Hayes, coincidiendo con las jornadas previstas para el juicio oral contra la abogada Zully Ortiz y los propietarios de Vanessa y Asociados.
La abogada Zully Ortiz García y Evelin Librada Paredes Frutos fueron condenadas a dos años de prisión, con suspensión de la ejecución, tras reconocer los hechos investigados. La causa se originó por mensajes intimidatorios dirigidos contra el director de El Observador por publicaciones vinculadas a la denominada “Mafia de los Pagarés”.
Los familiares del fiscal Marcelo Pecci, volvieron a pronunciarse ante las recientes declaraciones del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y le pidieron no escudarse en la jurisdicción colombiana. Sostienen que existen indicios de que la planificación y la orden para ejecutar el crimen se gestaron en Paraguay.
Un conflicto por la reparación de un televisor de 65 pulgadas derivó en una investigación penal, un allanamiento autorizado judicialmente y ahora en un pedido del Ministerio Público para llevar el caso a juicio oral. El episodio vuelve a poner en discusión la utilización de recursos del sistema penal para controversias de bienes de relativamente bajo valor.
El juicio oral contra el exsenador Hernán Rivas se puso en marcha este lunes en la causa en la que enfrenta acusación por la presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso, relacionada con las certificaciones utilizadas para acreditar su formación en la carrera de Derecho.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Noticias sobre la Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
El Poder Judicial dispuso el apagado temporal de sus servidores como medida preventiva ante inconvenientes registrados en el sistema de climatización de su Data Center. La decisión busca proteger la infraestructura tecnológica y evitar afectaciones mayores en los servicios institucionales.
Un total de 21 nuevos asistentes fiscales fueron incorporados al Ministerio Público luego de superar satisfactoriamente todas las etapas del concurso público de oposición, proceso mediante el cual demostraron cumplir con los requisitos y exigencias establecidos para acceder al cargo.
Las obras de modernización del Centro Nacional de Prevenidos continúan progresando y ya muestran un significativo nivel de ejecución, como parte del plan del Ministerio de Justicia para mejorar la infraestructura penitenciaria y fortalecer las condiciones de habitabilidad, seguridad y administración del establecimiento.
Paraguay dio un paso sin precedentes en materia de reinserción social con la conformación de la primera Asociación de Personas Pospenadas del país. La organización, denominada "Nuevo Horizonte" – Red de Apoyo Integral, nace con el propósito de brindar oportunidades laborales a quienes ya cumplieron sus condenas, facilitando su regreso a la sociedad y reduciendo el riesgo de que vuelvan a delinquir.
Lorena Segovia presidenta del Instituto Paraguayo de la Seguridad Social (IPSS), invita a profesionales de distintas disciplinas para participar del XXIII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social "Guillermo Cabanellas", considerado uno de los encuentros académicos más importantes de la región en materia laboral y previsional.
El abogado Gustavo González Planás cuestionó que el proceso contra el exministro Joaquín Roa haya quedado asociado públicamente a A Ultranza Py, pese a que, según sostiene, la acusación contra su cliente se refiere a presuntas inconductas en la administración pública y no a hechos vinculados al narcotráfico o lavado de dinero. El defensor advierte que esa asociación pudo influir en la percepción del caso y denuncia vulneraciones de garantías procesales.
Jeova Leandro Da Silva, de 80 años, sostiene que canceló en 2015 un pagaré por USD 35.780. Una resolución judicial posterior reconoció que la obligación estaba extinguida, pero una ejecución iniciada en otro juzgado mantiene latente el riesgo de que su propiedad sea rematada. El caso fue presentado ante la Comisión Especial del Senado que investiga la denominada “Mafia de los Pagarés”.
En Paraguay, seis de cada diez personas privadas de libertad aún no tienen una condena. Un estudio impulsado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) identifica obstáculos que van más allá de las normas procesales: falta de información confiable sobre el arraigo de los procesados y ausencia de una estructura institucional capaz de supervisar las medidas alternativas. Para María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ, el problema exige revisar cómo funcionan las instituciones que sostienen al sistema de justicia.