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La causa que investiga el crimen de la adolescente María Fernanda, ocurrido el 27 de mayo de 2025 en Coronel Oviedo, fue elevada a juicio oral y público en relación a cuatro de los acusados, tras la resolución adoptada por el juez penal de Garantías, Gustavo Ovelar.

Un grupo de víctimas de la denominada causa “mafia de pagarés” se manifestó este jueves frente a la sede del Ministerio Público para exigir avances concretos en la investigación. Durante la movilización, los afectados presentaron dos notas dirigidas al fiscal general del Estado, en las que solicitan la unificación de las causas penales abiertas y la inclusión del tipo penal de asociación criminal en el proceso.

Se trata de Ana Graciela Aguirre Núñez, a quien el juzgado resolvió imponer medidas cautelares a pedido del Ministerio Público, con el objetivo de garantizar su sometimiento al proceso.

Durante una reunión con miembros de la Comisión Permanente del Congreso, la ministra Carolina Llanes explicó detalladamente las acciones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia ante el esquema conocido como la mafia de los pagarés, subrayando la complejidad y el nivel de ocupación que la máxima instancia del Poder Judicial ha asumido frente a los casos.

Una vez más quedó suspendida la audiencia preliminar en una de las causas vinculadas a la denominada mafia de los pagarés, que tiene como principal acusado al exjuez Víctor Nilo Rodríguez. La diligencia no pudo desarrollarse debido a una nueva recusación presentada contra el juez Rodrigo Estigarribia, quien entiende el expediente, lo que obligó a frenar el trámite hasta tanto se resuelva su competencia.

El juez penal de garantías Humberto Otazú decretó medidas alternativas a la prisión para la agente fiscal Gloria Mabel Rojas Cañete, imputada por un presunto pedido de coima de G. 30.000.000 a uno de los procesados por el crimen de la joven María Fernanda, quien fue asesinada y posteriormente quemada en un baldío.

El agente anticorrupción Silvio Corbeta solicitó al Tribunal de Apelaciones que se confirme la sentencia definitiva que condena a ocho años de prisión al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, en el marco de la investigación por lesión de confianza y otros delitos relacionados.

Un conocido líder indígena, identificado como Derlis Fermín López, fue aprehendido en la localidad de San Miguel, distrito de Corpus Christi, en el departamento de Canindeyú, durante un operativo de seguridad coordinado por organismos del Estado. Las autoridades señalan que el detenido estaría relacionado con estructuras del crimen organizado, específicamente con el grupo liderado por Santiago Acosta, alias “Macho”.