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La Justicia confirmó una de las condenas más relevantes en la lucha contra el crimen organizado en Paraguay. Un Tribunal de Apelación Especializado ratificó la pena de 13 años de prisión impuesta al senador Erico Galeano, al concluir que colaboró con la estructura criminal liderada por Sebastián Marset.

El Juzgado de Ejecución Penal estableció la fecha de compurgamiento de la condena para el joven sentenciado por un caso de abuso sexual ocurrido en el Club Centenario en 2012, fijando el cumplimiento total de la pena para el año 2030.

La abogada penalista Noelia Núñez advirtió sobre las consecuencias que generan los fallos judiciales que anulan sentencias y reenvían a juicio oral causas de abuso sexual, señalando que estas decisiones no solo afectan a las víctimas directas, sino que también tienen un fuerte impacto social al desalentar nuevas denuncias.

El empresario paraguayo Christian Chena, a través de su abogada Alejandra Peralta, promovió una querella innominada con el objetivo de identificar a las personas detrás de las cuentas vinculadas a “Despierta Paraguay”, a las que atribuye la difusión de publicaciones consideradas difamatorias.

El juez penal de garantías especializado, Matías Garcete, analizó el impacto que podría tener la inteligencia artificial (IA) en el sistema judicial, especialmente en relación con la mora judicial, durante una conversación con el medio Judiciales Net. Sus declaraciones ponen el foco en un uso práctico, limitado y regulado de esta tecnología dentro de los procesos.

La jueza de Sentencia Mesalina Fernández declaró culpable a la abogada María Esther Roa por difamación contra su colega Guillermo Duarte Cacavelos, tras la difusión de contenido en redes sociales. Como sanción, se le impuso 100 días de multa.

El juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, continuó este viernes con la producción y análisis de pruebas documentales presentadas por el Ministerio Público, en una jornada en la que la Fiscalía volvió a insistir en la existencia de elementos que, según su teoría del caso, vinculan al acusado con hechos de cohecho pasivo agravado.

La defensa de Dalia López planteó un pedido de revisión de medidas cautelares con el objetivo de sustituir la prisión preventiva por un arresto domiciliario. La solicitud será analizada en una audiencia prevista para este jueves, donde el juez de la causa deberá resolver si hace lugar al planteamiento.