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El Gabinete del presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ministro Gustavo Santander Dans, presentó su informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2026, con los principales resultados de la labor jurisdiccional desarrollada entre el 2 de febrero y el 29 de junio del presente año.

Una denuncia realizada a través del servicio Fono Ayuda 147, dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, fue el primer paso para poner en marcha una investigación que terminó con la condena de 25 años de prisión para un hombre hallado responsable del abuso sexual de sus dos hijas menores de edad.

La Justicia resolvió unificar las condenas que pesan sobre el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, y dispuso el inicio del proceso de reinserción social previsto en el régimen de ejecución penal, como paso previo a una eventual concesión de salidas transitorias y, posteriormente, de la libertad condicional.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, alertó sobre el creciente impacto que tienen las acciones de amparo contra el Ministerio de Salud Pública, al señalar que la institución recibe entre 2.000 y 3.000 recursos judiciales por mes, una situación que, según afirmó, compromete la planificación y el uso eficiente de los recursos destinados a la atención sanitaria.

La exponencial acumulación de causas penales volvió a quedar en evidencia este miércoles con una cifra que refleja la presión que soporta el sistema de justicia penal: un total de 27 juicios orales fueron programados para una sola jornada en Capital. La situación no solo pone a prueba la capacidad operativa de los tribunales de sentencia especializados y ordinarios, sino que también comprime las agendas de fiscales, defensores públicos y abogados particulares, obligados en muchos casos a atender varias audiencias simultáneamente.

El juicio oral y público al exsenador Hernán Rivas fue suspendido este lunes tras la incorporación de una nueva defensa técnica, que solicitó tiempo para interiorizarse del expediente y ejercer plenamente la representación del acusado durante el proceso.

La exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún enfrentará juicio oral y público por presunto prevaricato a partir de este 22 de julio, en una causa que su defensa considera jurídicamente infundada y que, según sostiene, representa un peligroso precedente para la independencia de los magistrados y el funcionamiento del Poder Judicial.

El juez Humberto Otazú otorgó una prórroga ordinaria al Ministerio Público en dos causas penales que tienen como investigada a la exjueza Analía Cibils, permitiendo a los fiscales contar con más tiempo para completar diligencias consideradas claves para el esclarecimiento de los hechos.