La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Pilar tendrá acceso a más de 4.000 textos de la reconocida editorial jurídica argentina. El acuerdo también contempla la posibilidad de que docentes e investigadores de la institución paraguaya publiquen sus trabajos bajo el sello Astrea.
La dimensión que adquirió el esquema conocido como la “mafia de los pagarés” comienza a reflejarse con mayor claridad en las estadísticas del Ministerio de la Defensa Pública (MDP). Hasta julio de 2026, 1.791 causas judiciales fueron registradas en representación de víctimas, correspondientes a unas 493 personas afectadas. El volumen de expedientes crece mes a mes y genera especial preocupación dentro de la Defensa Pública por la concentración de esta carga de trabajo en un grupo reducido de profesionales.
La odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Hermosa, condenadas por la muerte de la joven Sol Chávez, ya se encuentran cumpliendo sus respectivas penas de prisión, luego de presentarse ante las autoridades tras la orden de captura dispuesta por el juez Carlos Mendoza.
La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectó que el 40% de las audiencias preliminares programadas entre el 24 y el 28 de agosto de 2026 fueron suspendidas, de acuerdo con el informe de seguimiento realizado en los juzgados de la Capital.
El criminólogo Juan Martens lanzó una fuerte advertencia sobre la situación del sistema penitenciario paraguayo y sostuvo que las cárceles, lejos de cumplir una función de protección y reinserción, actualmente pueden convertirse en espacios que propician y potencian la criminalidad.
El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel dio inicio al juicio oral y público en la causa conocida como “Tía Chela”, proceso en el que se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con exfuncionarios municipales y representantes de empresas vinculadas a la provisión de alimentos durante la pandemia de COVID-19.
La Defensa Pública analiza impulsar una nueva acción de tutela colectiva para suspender embargos y medidas cautelares que afectan a miles de personas. Un reciente dictamen de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica considera que existen fundamentos constitucionales y legales para promover la acción, aunque recomienda previamente elaborar un registro de afectados y expedientes. Al cierre de julio, la Defensa Pública ejerce representación en 1.791 casos, de los cuales 78 corresponden a personas en condición de vulnerabilidad.
La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, instó a los jueces a cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 52 de la Ley 1340 y disponer, en el menor tiempo posible, la destrucción de las sustancias estupefacientes incautadas. Advirtió que mantenerlas durante meses o años en depósitos representa un riesgo ambiental, procesal y de seguridad, debido al alto valor económico que conservan para las redes dedicadas al narcotráfico.
La abogada Noelia Núñez logró la suspensión de la subasta de los inmuebles involucrados en un proceso de rendición de cuentas. La profesional denunció ante el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Corte Suprema de Justicia a la jueza Mafalda Cameron, a quien atribuye una serie de presuntas irregularidades procesales.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Noticias sobre la Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
La articulación interinstitucional busca agilizar la identificación, inscripción, administración y disposición de bienes sujetos a comiso, garantizando que los activos vinculados a hechos de alta complejidad criminal puedan ser efectivamente recuperados y que los recursos derivados de su realización mantengan una trazabilidad verificable.
En el marco del plan de fortalecimiento institucional impulsado por la Corte Suprema de Justicia, continúan los trabajos de reorganización y optimización en los Juzgados Penales de Sentencia del Fuero Especializado en Crimen Organizado de la Capital, con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento de estas dependencias judiciales.
El sistema de amparos constitucionales en salud pública pasó de 56 casos anuales en el período 2019-2020 a entre 1.500 y 1.600 por año en 2025-2026, según datos del propio Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).
El creciente hacinamiento en las cárceles, la expansión del crimen organizado dentro de los establecimientos penitenciarios y el uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar serán algunos de los ejes centrales de la Jornada 2: “Nuevos Desafíos del Sistema Penitenciario”, organizada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), que se desarrollará el próximo 20 de agosto, a las 18:00, en el Hotel Granados Park, ubicado sobre Estrella Nº 480 casi 15 de Agosto, en Asunción.
Un total de 21 nuevos asistentes fiscales fueron incorporados al Ministerio Público luego de superar satisfactoriamente todas las etapas del concurso público de oposición, proceso mediante el cual demostraron cumplir con los requisitos y exigencias establecidos para acceder al cargo.
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Pilar tendrá acceso a más de 4.000 textos de la reconocida editorial jurídica argentina. El acuerdo también contempla la posibilidad de que docentes e investigadores de la institución paraguaya publiquen sus trabajos bajo el sello Astrea.
La articulación interinstitucional busca agilizar la identificación, inscripción, administración y disposición de bienes sujetos a comiso, garantizando que los activos vinculados a hechos de alta complejidad criminal puedan ser efectivamente recuperados y que los recursos derivados de su realización mantengan una trazabilidad verificable.
El abogado José Fernández Zacur, defensor del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, expresó su preocupación ante las conclusiones de la reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó un supuesto perjuicio patrimonial millonario en la que se expone, entre otros puntos, más de US$ 17 millones canalizados como gastos judiciales. La defensa advierte que podría existir una confusión entre eventuales incumplimientos administrativos y hechos que verdaderamente tengan relevancia penal.