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El Ministerio Público imputó a un hombre por la presunta comisión de los hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos, tras una denuncia presentada por una firma comercial de Ciudad del Este.

El cierre del caso contra Hernán Rivas no fue un hecho súbito ni una simple consecuencia del paso del tiempo. Fue, más bien, el resultado de una construcción jurídica progresiva en la que, según cuestionó el Ministerio Público, se fue reduciendo el hecho investigado hasta hacerlo prescribir.

Una presunta estafa de gran magnitud, que supera los G. 300 millones, derivó en la imputación de tres mujeres madre e hijas, sindicadas de haber montado un esquema para engañar a un ciudadano extranjero residente en el país.

Durante la sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, la ministra Carolina Llanes presentó una propuesta para implementar la comparecencia mensual virtual de personas procesadas que se encuentren en libertad ambulatoria. La medida busca evitar aglomeraciones y facilitar el cumplimiento de las obligaciones judiciales sin afectar las actividades laborales de los implicados.

Este miércoles se cumplen nueve años del asesinato de Rodrigo Quintana, joven dirigente juvenil del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ocurrido en la sede del partido en el marco de un operativo policial tras la quema del Congreso en 2017, tras el intento de reforma constitucional.

Un docente fue condenado a 12 años de pena privativa de libertad tras ser encontrado culpable de abuso sexual contra tres niñas en una institución educativa de la capital.

Las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero analizan la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Cámara de Apelación Penal confirmara el sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas en la causa por la presunta utilización de un título universitario falso.

Gracias a la intervención de la defensora pública de Capital, abogada Luz Mabel Chávez, una docente jubilada de Hohenau logró recuperar G. 17.877.823 que le habían sido sustraídos mediante juicios ejecutivos irregulares dentro del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.