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La investigación contra la jueza de Pedro Juan Caballero, Librada Beatríz Peralta Céspedes, continúa generando repercusiones dentro del sistema judicial luego de que el fiscal Leonardi Guerrero aclarara públicamente detalles sobre la imputación presentada en su contra por la presunta utilización de documentos falsos en un concurso público.

La Justicia ordenó este martes la prisión preventiva del dirigente colorado Roberto Cubilla Sanabria, señalado por la Fiscalía como presunto integrante y articulador de una estructura dedicada a la transferencia irregular de bienes vinculados al fallecido diputado Eulalio Gomes.

La representación legal del empresario Christian Chena presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio contra una resolución de la jueza Mesalina Fernández, mediante la cual fueron rechazadas varias diligencias solicitadas en el marco de la querella promovida contra la cuenta digital “Despierta Paraguay”.

Entre 2018 y abril de 2026, los tribunales del país emitieron 147 sentencias condenatorias por casos de feminicidio y tentativa de feminicidio, según datos difundidos por el Poder Judicial. Del total, 93 condenas corresponden a feminicidios consumados y 54 a tentativas, con una pena promedio de 28 años de privación de libertad para los responsables.

La jueza Diana Carvallo resolvió modificar la calificación jurídica del proceso seguido contra Cristian Narváez, conductor de la plataforma Bolt acusado por la muerte de un pasajero, y dispuso que el caso sea juzgado provisoriamente como homicidio culposo, descartando por el momento la figura de homicidio doloso impulsada por el Ministerio Público.

Las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero solicitaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el archivo de la investigación abierta en su contra, al sostener que el Ministerio Público actuó conforme a derecho y dentro de los plazos legales en la causa relacionada con el exsenador Hernán David Rivas Román.

La defensora pública María Sol Samaniego presentó una apelación contra la sentencia que condenó al periodista Alfredo Guachiré Medina por los hechos punibles de difamación y calumnia, en el marco de una querella de acción penal privada. La defensa solicita la revocación del fallo al sostener que la resolución presenta graves defectos de fundamentación y vulnera garantías constitucionales y convencionales vinculadas a la libertad de expresión.

Entre enero de 2015 y mayo de 2026, el Ministerio Público registró la atención de 34.001 víctimas de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, según datos de la Plataforma de Datos Abiertos de la institución. A esta cifra se suman 23.463 víctimas de otros hechos punibles vinculados a delitos sexuales y de explotación, como coacción sexual, estupro, pornografía relativa a niños, explotación sexual y explotación laboral, reportados en los últimos años.