El juicio oral y público a la exjueza de Paz Nathalia Garcete, acusada en el caso conocido como la “mafia de los pagarés”, fue postergado hasta el próximo año debido a la suspensión solicitada por uno de los procesados y a la recarga laboral del Tribunal de Sentencia que debe llevar adelante el juzgamiento.
El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Arnoldo Wiens recusó al juez penal de garantías Humberto Otazú, a quien cuestiona por una serie de actuaciones procesales que, según sostiene, generan dudas razonables sobre la imparcialidad con la que interviene en la causa que enfrenta por el fallido proyecto Metrobús.
Un abogado fue condenado a siete años de prisión tras ser hallado culpable de utilizar un poder falso para intentar vender unas 6.000 hectáreas de tierras que pertenecían a otra persona, en una maniobra que buscó aparentar una representación legal que nunca le fue otorgada.
La abogada Noelia Núñez presentó una denuncia disciplinaria contra los integrantes del Tribunal de Sentencia Colegiado de Presidente Hayes, órgano que debía llevar adelante el primer juicio oral relacionado con la denominada “mafia de los pagarés”.
El Ministerio Público avanza en la investigación de un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones en el Instituto de Previsión Social (IPS), causa en la que están imputados dos expresidentes de la institución por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza.
Una resolución del Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso hizo lugar al incidente de nulidad planteado por la defensora pública Leticia Casaccia y dispuso dejar sin efecto un embargo ejecutivo, además de retrotraer el proceso a una etapa anterior. La decisión beneficia a una mujer que también fue víctima del esquema conocido como la “mafia de pagarés”.
El abogado Gustavo González Planás cuestionó que el proceso contra el exministro Joaquín Roa haya quedado asociado públicamente a A Ultranza Py, pese a que, según sostiene, la acusación contra su cliente se refiere a presuntas inconductas en la administración pública y no a hechos vinculados al narcotráfico o lavado de dinero. El defensor advierte que esa asociación pudo influir en la percepción del caso y denuncia vulneraciones de garantías procesales.
En Paraguay, seis de cada diez personas privadas de libertad aún no tienen una condena. Un estudio impulsado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) identifica obstáculos que van más allá de las normas procesales: falta de información confiable sobre el arraigo de los procesados y ausencia de una estructura institucional capaz de supervisar las medidas alternativas. Para María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ, el problema exige revisar cómo funcionan las instituciones que sostienen al sistema de justicia.
Un Tribunal de Sentencia declaró, por unanimidad, penalmente responsable a un exalumno del Colegio Americano de Asunción (ASA), quien fue acusado por un hecho de abuso sexual contra personas indefensas. El joven era menor de edad al momento de los hechos, por lo que el proceso se desarrolla bajo las restricciones legales destinadas a proteger la identidad y privacidad de las personas involucradas.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Noticias sobre la Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
La Corte Suprema de Justicia busca dar un nuevo paso en la modernización de su política comunicacional, con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional del Poder Judicial para brindar información fidedigna, oportuna y contextualizada a la ciudadanía, en un escenario marcado por la circulación inmediata de contenidos y el avance de la desinformación.
El sistema de amparos constitucionales en salud pública pasó de 56 casos anuales en el período 2019-2020 a entre 1.500 y 1.600 por año en 2025-2026, según datos del propio Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).
El creciente hacinamiento en las cárceles, la expansión del crimen organizado dentro de los establecimientos penitenciarios y el uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar serán algunos de los ejes centrales de la Jornada 2: “Nuevos Desafíos del Sistema Penitenciario”, organizada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), que se desarrollará el próximo 20 de agosto, a las 18:00, en el Hotel Granados Park, ubicado sobre Estrella Nº 480 casi 15 de Agosto, en Asunción.
Un total de 21 nuevos asistentes fiscales fueron incorporados al Ministerio Público luego de superar satisfactoriamente todas las etapas del concurso público de oposición, proceso mediante el cual demostraron cumplir con los requisitos y exigencias establecidos para acceder al cargo.
Las obras de modernización del Centro Nacional de Prevenidos continúan progresando y ya muestran un significativo nivel de ejecución, como parte del plan del Ministerio de Justicia para mejorar la infraestructura penitenciaria y fortalecer las condiciones de habitabilidad, seguridad y administración del establecimiento.
El juicio oral y público a la exjueza de Paz Nathalia Garcete, acusada en el caso conocido como la “mafia de los pagarés”, fue postergado hasta el próximo año debido a la suspensión solicitada por uno de los procesados y a la recarga laboral del Tribunal de Sentencia que debe llevar adelante el juzgamiento.
El juez especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Rodrigo Estigarribia, autorizó la extracción forense de los datos contenidos en el teléfono celular incautado a un funcionario administrativo del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), investigado por la presunta exigencia de dinero para agilizar cirugías.
La eventual condena de Hernán Rivas por la presunta utilización de un título universitario falso podría generar consecuencias sobre las decisiones que adoptó como integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).