El abogado Álvaro Arias, defensor de Miguel Insfrán, alias Tío Rico, recusó a la jueza de la causa, Rosarito Montanía, por supuesta parcialidad y falta de independencia, y solicitó que sea apartada inmediatamente del proceso.
Arias menciona que, bajo expresas instrucciones de su cliente Tío Rico, recusa a la magistrada que lleva el caso. La defensa alega el Artículo 50, inciso 13, del C. P. P., fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia; es una de las razones para solicitar que la magistrada sea apartada.
“Infelizmente, Vuestra Señoría, se convirtió de magistrada en denunciante de mi cliente, lo que surge de sus públicas declaraciones en torno a las denuncias que él mismo promovió para defender su vida e integridad física y personal, habida cuenta de las torturas a las que es objeto a cargo de los responsables del penal militar en el que guarda reclusión en prisión preventiva”, dice una parte de la recusación presentada por la defensa a cargo del abogado Álvaro Arias, defensor de Tío Rico.
Agrega la defensa que la magistrada, al desmeritar la denuncia de Tío Rico y dudar de que estaría detrás de un plan para destituir a las autoridades del penal militar, manipulando al Mecanismo Nacional de Tortura, está expresando una posición personal que le impide seguir entendiendo en la causa.
La magistrada deberá informar de la recusación en su contra, realizar sus alegaciones, y la Cámara de Apelaciones deberá decidir si confirma o no su participación en la causa.
La audiencia preliminar en este proceso estaba en pleno desarrollo hasta que se vio interrumpida por esta recusación planteada por una de las 14 defensas en este proceso.
Los acusados, que afrontan la audiencia preliminar desde este martes, son el exdiputado Juan Carlos Ozorio, Alberto Koube y otras 12 personas. Mientras que como líderes del esquema delictivo están imputados Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico (preso en Viñas Cue), y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, este último prófugo de la justicia.
Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.
Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares, consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y helicópteros. También se incautaron documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.
