El ministro Gustavo Santander, presidente de la Sala Constitucional y vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia, informó sobre los datos estadísticos del primer semestre de 2024. Los datos reflejan que se dictaron en total 563 Acuerdos y Sentencias con una diferencia de 210 resoluciones en la producción en comparación con el mismo periodo del año 2023, lo que representa un aumento del 37%.
Santander, destacó que estos resultados reflejan el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la ciudadanía que merece una justicia accesible y eficaz.
En el mismo sentido, se registró el ingreso de un total de 1386 expedientes a la Sala en 2024, se dictaron 575 autos interlocutorios, de los cuales 217 son decisiones de trámite de la acción y 187 refieren a rechazos in limine. Se firmaron 989 actos del proceso que incluyen providencias, oficios e informes. Asimismo, se sortearon 1804 causas con transmisión en vivo por TV Justicia, reforzando la transparencia del proceso y la capacidad de gestión.
Por otra parte, en lo que respecta al gabinete del ministro Gustavo Santander, como integrante de la Sala Constitucional, ha concedido 420 audiencias a justiciables, reflejando el compromiso de puertas abiertas. Asimismo, al despacho ingresaron un total de 3127 expedientes en estado de admisibilidad, de los cuales 2519 han sido firmados, con una tasa de firma del 80.5%; en tanto que, en estado de Autos para Sentencia el total de expedientes ingresados fue de 1780 de los cuales se firmaron 1495, lo que representa el 83,9%.
El ministro subrayó la importancia de estos logros, destacando el esfuerzo colectivo para mejorar la administración de justicia. Este informe tiene como propósito transparentar los procesos y demostrar el compromiso real de la Corte Suprema de Justicia con la mejora continua y la administración eficiente de los casos, asegurando que cada expediente sea tratado con la máxima diligencia y profesionalismo.
El informe presenta datos que resaltan el papel de la Sala Constitucional en la protección de los derechos constitucionales y en la resolución de casos de gran relevancia para la sociedad paraguaya.