La Corte Suprema de Justicia puso a disposición de todos los jueces penales del país la acordada que regula el manejo correcto de evidencias digitales.
El documento establece los mecanismos de entrega de las copias a las partes de un proceso, así como el almacenamiento de las pruebas, la forma de entrega y los dispositivos en los que se cargará la información requerida. La solicitud del requirente indefectiblemente debe ser por escrito y el manejo se hará con toda la cautela para mantener lacrada la prueba entregada a las partes.
En la acordada también queda establecida la responsabilidad del Ministerio Público para la conservación y seguridad de las evidencias digitales que deben ser óptimas.
Igualmente, se establece que los funcionarios de informática como pueden tener contacto con los funcionarios del juzgado no así con las partes de un proceso.
La Corte Suprema de Justicia pone a conocimiento de los magistrados de los juzgados penales de Garantías, Sentencia y Ejecución de todo el país y de los justiciables, la Acordada N° 1750, que establece el “Protocolo para expedición de evidencias digitales a las partes litigantes.
El documento fue elaborado por la Oficina Técnica Penal (OTP), oficina que tiene como encargada a la ministra Carolina Llanes, y cuenta con la coordinación de la Dirección General de Tecnología de la Información y de Comunicaciones del Poder Judicial.
La herramienta procedimental permitirá a los jueces del fuero penal garantizar el correcto manejo de las evidencias digitales en el ámbito de competencia. En tal sentido, este protocolo es necesario para establecer un sistema que prevea la recepción, manipulación, transcripción y reproducción de las evidencias digitales, con el objeto de expedir copias para las partes de un proceso penal.
Su fin es garantizar el correcto funcionamiento de lo dispuesto por la Constitución de la República y los pactos internacionales ratificados por el Paraguay que garantizan el acceso a la justicia y el debido proceso a fin de que los litigantes tengan reglas claras del procedimiento a ser seguido para la obtención de copias digitales de evidencias dentro del proceso penal.
