El abogado Ricardo Merlo cuestionó que el Ministerio Público no actúe con agilidad y la debida diligencia en la denuncia que formularon hace meses en representación de pobladores afectados por la contaminación que generan frigoríficos y curtiembres de Tablada.
Merlo, comentó que hace 20 años ciudadanos de cuatro barrios de Asunción pasan por esta situación y sus condiciones de salud se encuentran afectadas por la forma en que operan impunemente estas empresas que manipulan los restos de animales y la vierten en los barrios afectados.
El profesional cuestionó la lenta actuación del Ministerio Público ante una situación de suma gravedad ya que la operatividad de estas curtiembres y frigoríficos supone un serio riesgo para la vida de los pobladores de Tablada.
“Estos frigoríficos y curtiembres generan olores propios de la industria por el tipo de material que procesan, los restos del proceso de faenamiento se entregan a las empresas que viven de eso en la zona y generan olores horribles el procesamiento de las vísceras, huesos y demás restos cuyos desechos terminan en la calle o, en los causes hídricos de la zona, tenemos una situación que se tornó insoportable. Estamos reclamando que se activen todas las instancias ante esta grave situación, esto es un tema de salud y un tema ambiental. Estas empresas implican un riesgo para vida de la población. Lastimosamente, nos entramos en una situación en la cual el Ministerio Público es mucho más lento que el proceso administrativo, eso nos preocupa, el Ministerio Público es el representante de la sociedad, estamos ante intereses difusos y es su responsabilidad tomar intervención especialmente en estos casos donde existe innegables indicios de contaminación”, acotó el abogado Ricardo Merlo quien representa a los pobladores de cuatro barrios de Asunción que reclaman una vida sin contaminación.
Agregó que ya tomaron intervención los representantes de la Municipalidad de Asunción, que pudo constatar más 20 infracciones en la forma en que operan estas curtiembre y frigoríficos.
Por su parte el Ministerio del Medio Ambiente, también ya intervino y emitió la suspensión de licencias y lo que no deja de llamar la atención es la muy lenta reacción de la agente fiscal Lorena Ledesma, quien está a cargo de la investigación.
Merlo, reiteró que no se puede esperar una catástrofe o la muerte de los vecinos para cerrar o trasladar estos frigoríficos y curtiembres que generan graves perjuicios a la salud de los pobladores de Tablada.
Recordó, que los propietarios de estas empresas se exponen hasta a diez años de pena privativa de libertad y reclaman que las instituciones actúen consecuentemente en base a lo que la ley les obliga.
