La exfuncionaria imputada por el millonario desvío de indemnización de la ANDE destinada a familiares de dos trabajadores fallecidos se presentó este viernes ante el juzgado de Caaguazú para su audiencia de imposición de medidas.
La imputada no habló del hecho que se le imputa, tampoco del acuerdo que arribó de nuevo con las víctimas de este lamentable hecho. Tras el escándalo la mujer se vio obligada a renunciar como funcionaria pública luego que se conociera la cuestionable maniobra para quedarse casi con la totalidad de la indemnización de las familias.
El juez de la causa estableció una fianza de G 300 millones para la imputada, además de la prohibición de salida del país, la comparecencia mensual ante el juzgado y la prohibición de cambiar de domicilio.
Según el Ministerio Público, Analía Acosta Armoa es una de las principales implicadas dentro del esquema que logró cobrar irregularmente la indemnización de la Administración Nacional de Electricidad ANDE de G. 800 millones, que debían ser entregadas a dos familias de trabajadores que fallecieron electrocutados.
De los G 800 millones los afectados recibieron solo y en conjunto la suma de G. 75 millones.
La mujer se presentó con sus abogados este viernes para su imposición de medidas y busca resarcir a las familias para librarse del proceso penal abierto en su contra y contra otras personas que integrarían este esquema delictivo.
El hecho ha causado mucha indignación debido a que el dinero con el que se quedó la exfuncionaria es producto de una indemnización por el fallecimiento de dos integrantes de las familias afectadas.
Además de Acosta Armoa, fueron imputados; Darío Aquiles Flores, abogado, Ovidio Ramón Oviedo y Juan Ramón Acosta, pareja de la exfuncionaria. Fueron también incluidos en el proceso funcionarios del BNF que facilitaron el cobro del cheque de forma irregular.
El Ministerio Público presentó imputación por estafa y asociación criminal a los indiciados.
