Ante otro posible esquema criminal montado en juzgados de Paz con pagarés, la Corte indaga a jueces y remite toda la nómina de magistrados de Paz de Capital a la Contraloría para indagar los bienes que poseen.
La nómina de jueces auditados por la Corte y remitido a la CGR es la siguiente: Gustavo Villalba Báez, Nathalia Guadalupe Garcete, Carmen Analia Cibils, Liliana González de Bristot, Víctor Nilo Rodríguez, Elvira Margarita Franco, Gloria Machuca Cardozo, Alejandro Alcides Peña y Lourdes Yumi Piñeiro.
Ante la grave denuncia que salpica a ujieres y jueces de los juzgados de Paz de Capital, La Corte Suprema de Justicia ha resuelto iniciar una auditoria de reacción inmediata a los juzgados afectados y la remisión de la nómina de los jueces y funcionarios a la Contraloría para el dictamen de correspondencia de sus bienes patrimoniales.
La denuncia refiere que existe un esquema criminal montado en los juzgados de Paz, para despojar a las personas de sus haberes de forma irregular. La denuncia también menciona la ostentosa vida que llevan los ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz.
La decisión de la Corte Suprema afecta a los juzgados de Paz de Catedral 1° y 2° Turno, San Roque y La Encarnación de la Capital, quienes según la denuncia formarían parte de la estructura delictual.
Por resolución N° 1739, se ordenó la realización de una auditoría de reacción inmediata. La misma será supervisada por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, con el objetivo de identificar a los presuntos responsables.
Además, se dispuso la remisión de la nómina de todos los jueces de Paz de la Capital, así como de los funcionarios de los mencionados juzgados, a la Contraloría General de la República para la realización de un examen de correspondencia de bienes, en el marco de las investigaciones.
“Ordenar la realización de una auditoría de reacción inmediata en los Juzgados de Paz de Catedral 1.º y 2.º Turno, San Roque y La Encarnación de la Capital, con el objetivo de verificar la existencia o no de eventuales irregularidades en la tramitación de procesos ejecutivos y la identificación de los presuntos responsables”, reza parte de la decisión de la CSJ.
Además, se resolvió encomendar a la Dirección de Administración de Personal el control de entrada y salida de jueces y funcionarios de los juzgados de Paz de la Capital, debiendo elevar un informe mensual al Consejo de Superintendencia.
