José Félix Grau uno de los imputados que obtuvo una salida procesal en la misma causa, se presentó ante el tribunal de sentencia para declarar como testigo del Ministerio Público y dijo que él fue una víctima más en la causa.
Grau, señaló que nunca fue contratista de la administración de Hugo Javier González y que hizo todos los trabajos que le fueron encomendados por la ONG, CIAP que, expidió facturas sin saber que iban a reemplazarlas por facturas falsas.
El testigo señaló que, si construyó un muro en la ciudad de San Antonio y una ciclovía en Lambaré, que los insumos utilizados en las obras lo hicieron con recursos propios.
“Yo les pasé la factura del trabajo que les hice en la forma en que ellos me pidieron en forma parcelada, lo que ellos no me dijeron es que mis facturas iban a ir para reemplazadas por facturas falsas en la rendición uno. Cómo yo iba a saber que monto iba a poder, ellos me dijeron que monto y cuándo, lo que yo sí verifiqué es que sube el monto de mi presupuesto, pero los montos ellos me pasaron para cerrar esas facturas”, señaló el testigo al tribunal de sentencia.
Agregó que en toda su carrera como contratista nunca tuvo un antecedente hasta que lo imputaron en esta causa sin indagatoria previa lo que le hizo perder muchos trabajos en el sector de la construcción.
Hugo Javier soporta cargos por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por formar parte de un esquema para defraudar al Estado por poco más de 5.000 millones de guaraníes.
Además de Hugo Javier están acusados en esta causa: Javier Rojas, Luis Allende, Lourdes Lezcano, Modesta Valiente y Miguel Ángel Torres.
La fiscalía sostiene que cuenta con numerosos documentos para probar que se hizo un desembolso de 5.100 millones guaraníes y que no fue destinada a obra alguna, sino que meses después se trató de adecuar para justificar y tiene como demostrar el detalle del desembolso quien recibió y cuánto.
Una vez iniciada las pesquisas, se adecuaron las obras y las facturas clonadas y o adulteradas fueron reemplazadas para justificar los millonarios desembolsos de la Gobernación a la ONG, fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP.
El tribunal de sentencia está integrado por los jueces Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.
