En un proceso penal abierto por violencia familiar la cámara de apelación de feria, en mayoría, resolvió revocar la prisión preventiva y ordenó el uso de la tobillera electrónica en arresto domiciliario del imputado.
Con los votos de los camaristas Alicia Orrego y Óscar Rodríguez Kennedy, se revocó la decisión de la juez inferior y se ordena el uso del dispositivo en la causa abierta a Alberto Segovia imputado por un caso de violencia familiar. Mientras que votó en disidencia el camarista Joel Melgarejo.
La cámara en mayoría admitió la apelación de la defensa del imputado y sustituyó la prisión preventiva por un arresto domiciliario. Señala parte de la resolución de alzada que la prisión preventiva es de última ratio y que en este caso en particular se ha desvirtuado el peligro de fuga y la obstrucción y que por ello debía aplicarse el arresto con el dispositivo electrónico recientemente habilitado para el uso en procesos penales de esta naturaleza.
Desde el 30 de diciembre pasado, se habilitó el uso progresivo de las tobilleras electrónicas como dispositivos de control en casos de personas con arresto domiciliario y medidas de restricción en los casos de violencia familiar.
El plan piloto contempla unas 20 tobilleras en este primer mes y dentro de la ciudad de Asunción, para luego extenderse al departamento Central y otras cabeceras departamentales a fin de contener los casos de extrema violencia hacia las mujeres.
La empresa adjudicada proveerá el servicio según solicitud, hasta 1.000 dispositivos. Cada una tiene un costo estimado entre 2.009.000 a 2.100.000 guaraníes, que deberá ser abonado por los beneficiarios con esta medida alternativa. En caso de declararse su insolvencia, el costo será absorbido por el Ministerio del Interior, adelantó el director del Sistema 911, Hernán Escobar.
La aplicación de las tobilleras correrá a criterio de cada juez penal de garantías. Ante un pedido jurisdiccional, la Policía Nacional realizará el estudio de factibilidad, donde se verifican las señales de GPRS y de radio, ambas utilizadas por los dispositivos, así como los perímetros de movimiento.
Tras los últimos horrendos casos de feminicidio, el Ejecutivo apuró el uso de las tobilleras electrónicas, que tienen como fin un control más riguroso del agresor y evitar que se acerque a la víctima, ya que, en caso de vulnerar el perímetro de prohibición, la policía debe acudir a la zona donde está el procesado y también acudir a la casa de la víctima.
