La Corte Suprema de Justicia, remitió el viernes pasado a la fiscalía general del Estado el informe respecto a las auditorías practicadas a los juzgados de Paz de la Catedral primer y segundo turno, de San Roque y La Encarnación, según han informado a la fiscal del caso.
La fiscal Belinda Bobadilla también requirió a la Corte el envío de la auditoría respecto al juzgados de la Recoleta. La agente fiscal fue informada que la investigación de la Corte respecto a los demás juzgados de Capital aún no fue entregada por la Dirección de Auditoría Jurisdiccional.
Los documentos que obran en el poder del Ministerio Público afectan a los jueces Carmen Analia Cibils, Liliana González de Bristot, Gustavo Villalba Báez y sus respectivos funcionarios quienes fueron suspendidos algunos, otros trasladados y sumariados por la CSJ.
Los fiscales asignados en esta causa además de Belinda Bobadilla son: Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes indagarán la grave denuncia que afecta a los juzgados de Paz de Capital.
A días de haberse integrado el quipo fiscal, los mismos inician las primeras diligencias tendientes a confirmar la denuncia de que existe un esquema criminal montado en los propios juzgados de Paz, para despojar a las personas de sus haberes de forma irregular.
La denuncia también menciona la ostentosa vida que llevan los funcionarios y ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz y con el allanamiento realizado en el lujoso departamento de ubicado en el barrio Villa Morra, donde reside Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de La Recoleta, se comprobó.
