El Jurado de Enjuiciamiento de Magistra JEM, resolvió este martes enjuiciar al juez de Paz Víctor Nilo Rodríguez de la sede de La Recoleta y la jueza Natalia Guadalupe Garcete del Segundo turno del distrito La Catedral.
El enjuiciamiento de ambos magistrados obedece a la serie de irregularidades detectadas en el despacho de cada investigado y la tramitación irregular de juicios relacionados a la mafia de pagarés.
Según los antecedentes expuestos por los miembros del JEM, en el juzgado del juez Víctor Nilo Rodríguez se detectaron irregularidades en la tramitación de 434 expedientes.
El juzgado a cargo del magistrado en cuestión no obró conforme a la ley. Dictó resoluciones sin fecha, dictó providencias para retirar expedientes de su despacho sin ordenar el retorno de los mismos y permitió que sus funcionarios violen la ley.
Asimismo, el Jurado resolvió enjuiciar y suspender sin goce de sueldo a la jueza Natalia Guadalupe Garcete Aquino, del distrito La Catedral, así como a Nilo Rodríguez quienes quedarán fuera del cargo hasta tanto se tome otra decisión.
Estos magistrados también soportan una investigación penal por parte del Ministerio Público junto con otras de sus colegas ya suspendidas como Analia Cibils y Liliana González de Bristot, la última ya renunció al cargo.
La decisión del JEM se dio por unanimidad y se notificó de la decisión a la Corte Suprema de Justicia para ser ratificada la suspensión ya decretada por la máxima instancia, así como la suspensión del salario.
Cristina Armoa será la fiscal acusadora quien deberé presentar el dictamen respecto a Nilo Rodríguez y el fiscal acusador Celso Ayala en el caso de Garcete Aquino.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ya había tomado la misma determinación con relación a las juezas Analia Cibils y Liliana González de Bristot.
El Ministerio Público se encuentra indagando la responsabilidad penal de jueces y exjueces en el esquema montado para estafar con pagarés. La asociación criminal contaría con la participación de los jueces de Capital cuyos juzgados se han allanado para el retiro de los expedientes.
Esta decisión molestó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia quienes han cerrado filas en protección de los jueces alegando que el Ministerio Público no puede entrar a hacer “safari” en los juzgados sin tener la noticia criminal para el retiro de los expedientes.
