El abogado Rodrigo Yódice, uno de los profesionales que ejerce la defensa de la jueza de Paz de La Encarnación, Analia Cibils, afirmó que la imputación del Ministerio Público no menciona cuáles son las normas supuestamente mal aplicadas por su defendida.
La jueza Analia Cibils fue imputada por prevaricato en calidad de autora, además de otros hechos punibles en calidad de cómplice, por su presunta participación en el esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.
Según la defensa, la imputación fiscal carece de los aspectos formales y legales necesarios para ser admitida. Por ello, han presentado un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la admisión de la imputación en las condiciones actuales.
Yódice asegura que el relato fiscal cercena el derecho a la defensa y les impide ejercer una representación adecuada de la magistrada, sospechada de haber cometido prevaricato.
“El acta no contiene un relato sucinto de los hechos. Es genérica, imprecisa, vaga y abstracta. Se atribuye a la jueza haber dictado resoluciones, sin especificar cuáles son, qué naturaleza tienen, si son providencias, autos interlocutorios o sentencias definitivas; si están firmes o no; qué normas jurídicas sustantivas o procesales fueron mal aplicadas, en beneficio de quién y en perjuicio de quién”.
“La falta de especificación de los hechos, sumada a la indefinición sobre qué resoluciones, efectos y normas fueron inobservadas, no permite ejercer adecuadamente la defensa. Incluso, podría dar lugar a una acusación final por hechos que no guarden congruencia con la imputación abstracta y genérica”, señaló el defensor.
Agregó que se viola el derecho a la defensa y del debido proceso, ya que el Ministerio Público no precisa de forma pormenorizada los hechos concretos, como el lugar, el tiempo y el modo de comisión de los actos atribuidos a la jueza.
Finalmente, el abogado sostuvo que, en los juicios tramitados ante el juzgado de Paz a cargo de Analia Cibils, las personas demandadas sabían que se les estaban realizando descuentos. Afirmó que, si fueron afectadas por un proceso irregular, debieron plantear incidentes de nulidad para revertir los descuentos, ya que los jueces civiles no tienen facultades oficiosas y solo actúan a instancia de parte.
