Este miércoles, en sesión plenaria, se propusieron dos acordadas para frenar el avance de la red de estafa serial conocida como la mafia de pagarés. Por un lado, se plantea una acordada que regule el sellado de los pagarés, y por otro, la creación de un portal de denuncias para auditar los casos reportados por los afectados.
Ambas iniciativas pretenden ser aprobadas con el fin de poner un alto a este esquema operado en los juzgados de Paz de la capital, que se encuentran entre los más comprometidos, con cuatro jueces y una exjueza imputados por el Ministerio Público.
La propuesta fue presentada por el ministro Víctor Ríos, quien aclaró que la redacción fue elaborada de manera conjunta con su colega Manuel Ramírez Candia, también está la propuesta del ministro Gustavo Santander que fue presentado con anterioridad, son ideas formuladas mientras se adoptan las medidas legislativas pertinentes para proteger a la ciudadanía de estas redes criminales.
Ríos explicó que, por el momento, un juzgado de Paz está impedido de saber si un pagaré ya fue reclamado judicialmente, debido a cómo está montado el sistema actual. Por ende, se busca una medida primaria de protección mediante el sellado de los pagarés, y que la ciudadanía pueda denunciar directamente los casos a la Corte, como un mecanismo administrativo inicial de solución a esta problemática que compromete severamente la imagen del Poder Judicial.
Sellando los pagarés, se pretende evitar que estos documentos, utilizados de manera irregular en más de un juicio, sigan circulando como si nunca se hubieran cancelado, perjudicando gravemente a las personas que son requeridas por profesionales de la estafa.
El sellado busca funcionar como un filtro y un mecanismo de control sobre jueces y funcionarios que permiten el cobro de deudas ya saldadas, convirtiendo a supuestos morosos en víctimas de un esquema criminal.
“Lo que se garantiza con el sello de los pagarés es que no sean utilizados en otros procesos, aunque sí puedan seguir circulando en el ámbito comercial”, señaló Ríos.
El Poder Judicial está obligado a esclarecer la grave denuncia que salpica su estructura. La justicia no puede seguir siendo una herramienta de despojo para el ciudadano común, incluso cuando no haya retirado sus pagarés tras cancelar sus deudas.
La máxima instancia no puede desentenderse de una situación tan grave, que compromete no solo la imagen del Poder Judicial, sino también la de los propios ministros que administran justicia, quienes tienen la obligación, como superintendentes, de velar por el correcto desempeño de jueces y funcionarios, para evitar retrocesos en los esfuerzos de lucha contra la corrupción y por la transparencia en la gestión judicial.
