El organismo internacional publicó en su web un material sobre “lecciones aprendidas” de la histórica sentencia de Paraguay para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas. El material forma parte de una serie de entrevistas con jueces, fiscales y expertos legales de todo el mundo con el fin de mostrar las buenas prácticas para proteger a los periodistas y acabar con la impunidad de los crímenes contra ellos.
En octubre de 2014, el periodista Pablo Medina Velázquez y su asistente, Antonia Almada, iban en una furgoneta de vuelta de hacer un reportaje en la frontera entre Brasil y Paraguay cuando fueron detenidos por dos individuos armados. Durante 16 años, Pablo se había dedicado a denunciar los crímenes de políticos y narcotraficantes en la zona fronteriza como corresponsal de uno de los mayores diarios de Paraguay, ABC Color, y ya había recibido amenazas por su trabajo. Era un jueves por la tarde cuando los individuos se acercaron a la puerta de su furgoneta y le preguntaron si trabajaba para ABC Color, antes de disparar varias veces contra él y Antonia. Pablo recibió cuatro disparos mortales en la cabeza y el pecho. Almada también murió en el ataque.
ABC Color no tardó en culpar a las redes de narcotráfico del asesinato de Pablo. El crimen fue visto por los periodistas paraguayos como un mensaje más del crimen organizado que pretendía silenciarlos, y pidieron a las autoridades que investigaran el crimen y que no quedara impune, como había sucedido cerca de 25 años antes con el caso de Santiago Leguizamón, un periodista que murió a manos del crimen organizado por sus investigaciones sobre el narcotráfico transfronterizo en 1991, y cuyo asesinato sigue sin resolverse.
En el caso de Pablo Medina Velázquez, la justicia avanza y el caso está en vías de obtener una resolución legal. Los responsables del asesinato de Pablo fueron identificados como el alcalde de un distrito cercano a la frontera, quien fue el autor intelectual del crimen, junto con su hermano y uno de sus primos. El alcalde fue capturado en 2015 en Brasil y condenado a 39 años de prisión en 2017 en Paraguay, la pena más alta que se aplica para este tipo de delitos. Los otros dos autores están en prisión en Brasil a la espera de la sentencia.
Para la jueza Janine Ríos, que participó en el juicio del autor intelectual, la sentencia contra el exintendente es un «claro mensaje» del Estado paraguayo, a través del Poder Judicial y del Ministerio Público, de que no se tolerará a quienes buscan silenciar a los periodistas.
