Prosigue investigación sobre daño patrimonial a la ex titular de Petropar. Otras 14 personas también son investigadas.
La Fiscalía, en su momento, amplió la imputación contra Samudio, y además imputó a su marido. Los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera ampliaron la relación fáctica de la imputación por lesión de confianza.
La imputación inicial fue presentada el 29 de mayo del 2020. Posteriormente, la ampliación fue presentada en agosto en contra de Patricia Samudio y otras 14 personas más, quienes formarían parte de un esquema de corrupción pública compuesto por funcionarios infieles en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas.
Según las pesquisas del Ministerio Público, la ampliación se produce debido a que presuntamente Costa Perdomo y Aveiro, imputados en la causa, habrían operado también en el caso para desviar fondos como gestores de contratos simulados, estableciendo dicha negociación con la empresa Solumedic S.A, sobre mercaderías que fueron sobrefacturadas y otras que nunca ingresaron a Petropar.
En la primera imputación, la Fiscalía estimaba un perjuicio patrimonial aproximado de G. 134 millones por sobrefacturación de agua tónica y mascarillas que no fueron recibidas. No obstante, los representantes fiscales colectaron indicios suficientes de que asimismo otras mercaderías como tanques de 1.000 litros, pallets, mamelucos descartables, termómetros láser, cartuchos, guantes de nitrilo, entre otros elementos, nunca fueron recibidos en la institución, por lo cual el perjuicio patrimonial ascendería a más de G. 300 millones.
Presuntamente, en el marco de la licitación con ID N° 382.100 “Adquisición de Productos por Emergencia Sanitaria”, no hubo una contraprestación o entrega de los productos por los cuales se efectuaron pagos a la empresa Solumedic S.A.
La Fiscalía detectó otras circunstancias que denotaban que todos los trámites y procesos administrativos habrían sido un montaje para disfrazar el desvío de fondos de Petropar y, en consecuencia, ocasionar un perjuicio en su patrimonio. Esta secuencia de compra-venta observada fue posible como consecuencia de las tareas de la coordinación de investigación Tributaria y Gestión de Riesgos del SET y otras diligencias practicadas por el Ministerio Público.
El Ministerio Público sostiene que toda la operativa de compra pública, que tuvo la participación de la empresa proveedora Solumedic S.A, habría sido un montaje con el fin de justificar y legitimar el desembolso de dinero del ente, a fin de que los procesados obtengan beneficios patrimoniales indebidos en complicidad con los propietarios de la empresa adjudicada con el contrato, quienes conscientes de los verdaderos propósitos prestaron su firma y toda su estructura para lograr el resultado que se buscaba, ocasionar un perjuicio patrimonial a Petropar.
