La fiscal Natalia Fuster recusó a los jueces Juan Carlos Zárate y la jueza María Fernanda García de Zúñiga.
Confirmó a Judiciales net que recusó a los dos integrantes del Tribunal de Sentencia por enemistad, odio y resentimiento fundado que los mismos intervinieron en el juicio oral contra Óscar González Daher en el caso de audios filtrados donde ambos magistrados criticaron la labor de la agente fiscal hoy recusante.
“De esta manera, considero que el Tribunal de Sentencia perdió toda credibilidad e imparcialidad al realizar su explicación oral en el juicio, esto a razón de que el tribunal de mérito no tiene porqué cuestionar o enseñar cómo hacer su trabajo al Ministerio Público, su labor es la valoración de las pruebas y determinar la existencia o no de los hechos punibles atribuidos a los acusados, llegando al punto de justificar los “aprietes” realizados por los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y que eran objeto de la acusación fiscal, refiriendo que era una conducta normal “el ser llamado o presionado” en el marco de sus labores judiciales, aclarando que no había diferencias entre ser llamado por un Ministro de la Corte o por un miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Demostrándose ante la opinión pública, no ser un tribunal imparcial, ni adecuado para el juzgamiento de casos de corrupción, al perder completamente el eje de sus actuaciones como magistrados” refiere el escrito de recusación contra ambos magistrados.
Fuster mencionó además que incluso no le quisieron recibir su escrito de recusación la semana pasada, que lo tuvo que ingresar por Atención Permanente donde presentó el escrito y formuló manifestaciones por lo ocurrido y que hizo saber a inspectoría de a situación.
La representante del Ministerio Público ampliará su recusación adelantó.
En este juicio oral se debe tratar la ampliación de la pena de cuatro años impuesta al condenado ex presidente del INDERT Justo Pastor Cárdenas por enriquecimiento ilícito.
Asimismo, resaltan en el programa del taller, el modelo educativo que se aplica a favor de los menores, el programa base de los centros educativos, y la socialización de los factores criminógenos de riesgo y protección.
