Un hombre es sobreseído porque la fiscalía violó el debido proceso

Ante graves violaciones al debido proceso incurridas por el Ministerio Público, un Tribunal de Sentencia anuló completamente un caso y sobreseyó a un hombre que fue acusado por posesión de drogas.

Una persona que se encontraba recluida en la Penitenciaría Regional de Concepción, imputada por la posesión de drogas peligrosas, fue beneficiada con la absolución de reproche y pena. El mismo fue asistido por la defensora pública del fuero penal ordinario y penal adolescente, Marta Felicia Villalba Cardozo.

El procesado fue detenido, según los datos, por supuestamente tener una actitud sospechosa y por su forma de vestir. Los argumentos presentados por la defensora pública se basaron en las numerosas irregularidades ocurridas en la circunstancia de detención del imputado, como ser: requisa realizada sin la presencia de dos testigos hábiles, tampoco se hizo constar que no había personas que pudieran firmar el acta y, además, se dio la falta de firma del acusado, lo que violenta gravemente ya que la ley establece dichas formalidades para que el acta pueda ser incorporada al juicio por su lectura.

Del análisis de las circunstancias individualizadas se detectaron otras irregularidades que constituyen nulidades absolutas insalvables, ya que afectan los derechos y garantías procesales amparados en la Carta Magna como la producción de cargo sin que exista constancia fehaciente de la participación del acusado; además no se probó a quién pertenecía la sustancia incautada y el origen de la misma, en razón de que no se pudo determinar si los agentes policiales intervinientes encontraron o no en poder del defendido esa evidencia.

Por lo tanto, la defensa solicitó directamente que se levanten todas las medidas cautelares decretadas en contra de su defendido, por lo que el Tribunal de Sentencias, resolvió declarar la nulidad del proceso, asimismo, declarar no probada la existencia del hecho punible de posesión de drogas peligrosas y absolver de reproche y pena al representado por la Defensa Pública, ordenando su inmediata libertad.

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