El fiscal adjunto Roberto Zacarías rectificó el dictamen de los fiscales Luis Piñánez y Néstor Coronel, acusó y pidió juicio oral y público para RGD por extorsión.
En la causa abierta al usurero Ramón González Daher por el robo de cheques que formaban parte de las evidencias en su contra, el fiscal adjunto Roberto Zacarías, rectificó el pedido de sobreseimiento provisional solicitado por los fiscales Luis Piñánez y Néstor Coronel, quienes pidieron la desvinculación provisoria de González Daher, porque supuestamente no contaban con elementos de prueba suficientes para un eventual juicio oral, sin embargo el superior considera que si existen elementos probatorios de la extorsión realizada por González Daher.
Solo el hecho punible de quebrantamiento de depósito es el tipo penal en la que no existe prueba suficiente y se reafirma el pedido de sobreseimiento provisional por existir aún elementos que recabar, dice el adjunto.
En su momento, Ramón González Daher fue imputado como autor del robo de evidencias que formaban parte del proceso principal donde fue condenado a 15 años de cárcel, cheques que supuestamente fueron usados para extorsionar al querellante en la causa. Sin embargo, el Ministerio Público no puede probar las sospechas iniciales ya que según refirió en su dictamen que pese a las diligencias realizadas no podrían ser consideradas de contundencia como para defenderlo en juicio oral, situación que hoy fue rectificada por el superior.
En su dictamen los fiscales Luis Piñánez y Néstor Coronel refieren que, “Ramón González Daher fue vinculado al proceso por una sospecha razonable, pero a través de la investigación aún no se erigen en certera o concluyentes, y que en definitiva resultan insuficientes para llevarlo a juicio oral y público, debido a que esta representación fiscal no cuenta aún con todos los elementos requeridos para la comprobación fehaciente del hecho punible denunciado y la autoría del mismo.
Con este último dictamen del Ministerio Público, González Daher afrontará juicio oral y público por extorsión, por el robo de 471 cheques que se encontraban en el juzgado de Humberto Otazú, como evidencia. Los mismos fueron utilizados por el imputado para seguir extorsionando a sus víctimas, según la acusación.
