El abogado Ricardo Estigarribia, presentó una acusación formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Tania Carolina Irún, por mal desempeño en sus funciones en un juicio de hacer escritura pública.
El profesional solicita al JEM su enjuiciamiento.
En su escrito explica que, «El 19 de mayo del 2018 casi un año después, el demandado Carlos Eduardo Áviles se allanó a la pretensión del juicio promovido en su contra. El juicio tuvo procuración y patrocinio profesional de Ricardo Estigarribia Chávez. Ante la oportuna e incondicional decisión adoptada por el demandado el 6 de diciembre del 2018, la jueza acusada dictó la sentencia definitiva N 683, que en parte resolutiva dispone: tener por allanado al señor Carlos Eduardo Avilés de la presente demanda. Hacer lugar a la demanda que, por obligación de hacer escritura pública, promueve Roberto Pereira contra Carlos Eduardo Avilés, y en consecuencia de conformidad a lo expuesto en el considerando de esta resolución, intimar a la parte demandada para que en el plazo de 10 días proceda otorgar la correspondiente escritura pública de transferencia del inmueble ubicado en el distrito de Areguá, bajo apercibimiento de que, si no lo hacen, el juzgado lo hará en nombre de la misma».
Dice relatando Estigarribia que su patrocinado no pagó sus honorarios por el trabajo que realizó en en el marco del juicio de obligación de escriturar, por lo que recurrió ante el juzgado a cargo de Tania Irún , y mediante escrito presentado el 31 de agosto del 2018 , solicitó la regulación de mis honorarios profesionales, en consecuencia la magistrada dictó auto interlocutorio del 21 de septiembre del 2018, donde dispuso regular mis honorarios en guaraníes 26.499.00 más IVA, mismo así Carlos Eduardo Avilés no pagó por lo que inició la ejecución de sentencia.
«Pero mi cliente no pagó y dada su negativa, proseguí con el trámite legal, tendiente a cobrar lo que por ley me corresponde. De ahí solicite el embargo y posterior remate de un vehículo y en fecha 31 de julio 2019. Realizando una síntesis, en la primera providencia, la jueza Tania Irún, ordenó el embargo del 50% del vehículo automotor, pero en la segunda providencia, la jueza Tania Irún, ordenó el embargo del 100% de la finca ubicada en Areguá.
Así también, en una providencia ordenó que se notifique a la cónyuge del demandado Carlos Avilés, pero en la siguiente providencia, no tomó la misma decisión: Ya no ordenó que se notifique. Ante tan raras disposiciones, mi reclamo no se hizo esperar y pedí al actuario interviniente, que le haga notar tales contradicciones, pero solo el silencio fue la respuesta», indica el abogado Ricardo Estigarribia.
Culmina diciendo en su escrito, «que es muy difícil y doloroso cuando un magistrado, en total inobservancia de lo que garantiza el artículo 6 de la Carta Magna, se constituye en parte y sale en defensa del litigante de mala fe para ponerse en contra del profesional que reclama lo que corresponde. Eso hizo la jueza Tania Irún: violar groseramente la Constitución y por eso la acuso por mal desempeño en sus funciones».
