El abogado y excandidato a intendente de Katueté, Christian Ricardo Aguayo imputado por presuntamente intentar quedarse con una propiedad millonaria en Canindeyú, recusó a la jueza que debía admitir la imputación y analizar el pedido de prisión que pesa en su contra.
El proceso aún no inicia formalmente y el imputado recusó a la jueza penal de garantías que entiende el caso, Hilda Acosta. El incidente busca apartar a la magistrada de su caso y encontrar un juez a medida.
Los abogados denunciantes en la causa Julio Federico Godoy y Aldo Gabilán, analizan denunciar a Christian Ricardo Aguayo ante el Consejo de Superintendencia de la Corte por su conducta dilatoria que frustra la correcta prosecución del proceso penal abierto por una grave denuncia de invasión de inmueble ajeno y otros ilícitos.
Los denunciantes buscan que la Corte Suprema de Justicia sancione al que consideran litigantes de mala fe y de buscar un juez a medida, quien está sospechado de cometer varios ilícitos y ahora suma su conducta renuente a someterse a los mandatos de la justicia.
Los camaristas que deben estudiar la recusación contra la magistrada son: Benito González, Hugo Medina y Bonifacio Rojas, quienes deberán analizar si efectivamente corresponde apartar o confirmar a la jueza en la causa por tratarse de un incidente meramente dilatorio.
La semana pasada el agente fiscal Óscar Javier Paredes, imputó al abogado Christian Ricardo Aguayo e Ismairto Pieretti Junior, por presuntamente intentar apropiarse de propiedades de alto valor económico. Los cargos incluyen invasión de inmueble, coacción y delitos contra la vida y la intimidad, según el Ministerio Público.
La denuncia fue presentada por el empresario Leandro Aparecido Pereira, quien afirma ser el legítimo propietario de las empresas Americana Agropecuaria S.A., Laguna S.A., Paragrícola S.A. y Principado Agropecuaria. Según la investigación, los imputados habrían impedido el ingreso del dueño a sus tierras y le han bloqueado el acceso a trabajadores y maquinaria mediante presuntas intimidaciones, incluidos disparos al aire.
El fiscal Paredes, acompañado de una comitiva policial, se constituyó en las propiedades en litigio. Durante el procedimiento, Aguayo presentó documentos que lo acreditan como administrador judicial y alegó que Pieretti Junior es el arrendatario de los inmuebles. Sin embargo, según la imputación, la resolución que sustenta su posición habría perdido validez ya que un juez de igual clase dejó sin efecto lo resuelto por el renunciante juez Miguel Ángel Riquelme, quien la firmó el pasado 30 de diciembre.
“El derecho de exclusión sobre el inmueble corresponde al denunciante, según los hallazgos preliminares de esta investigación”, señala parte del relato fiscal.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, argumentando riesgo de fuga y posible obstrucción de la investigación. También pidió el embargo de 800.000 dólares sobre la producción de soja generada por las tierras en disputa.
