Tras la apertura de una investigación penal por el presunto esquema criminal montado para estafar con pagarés, la agente fiscal Soledad González convocó al abogado Jorge Rolón Luna a una declaración testifical.
La representante del Ministerio Público abrió una carpeta fiscal sobre personas innominadas para identificar a los posibles partícipes de los hechos relacionados a una gigantesca rosca de estafa con pagarés montado aparentemente en los mismos juzgados de Paz de capital.
González, como acto investigativo ha convocado como testigo en el caso al abogado Jorge Rolón Luna para que se presente ante el Ministerio Público a relatar lo que conoce del caso y el profesional se ratificó en los términos de su denuncia pública contra ujieres.
Mencionó que, que es grosera la ostentosa vida que llevan estos funcionarios de juzgados de Paz percibiendo el salario más bajo del sistema de justicia por lo que no deja de llamar la atención el origen del dinero que les permite llevar la lujosa vida que publican.
Dijo que son hechos concretos y no opiniones personales respecto al nivel de vida que llevan estos funcionarios judiciales salpicados de formar parte de una rosca mafiosa que ha perjudicado a numerosos ciudadanos que han sido víctimas de pagarés dudosos.
Rolón Luna, señaló que el Ministerio Público se dignó un poco tarde en abrir una causa penal para indagar los hechos que son de público conocimiento y que han logrado año tras año estafar a miles de compatriotas.
La Corte Suprema de Justicia por su parte también investiga los graves hechos denunciados que aparentemente ocurre de manera sistemática y en las narices de la CSJ con jueces y funcionarios que participarían de manera activa en el esquema de fraude a ciudadanos.
Al respecto, la Corte también ha ordenado el inicio de una auditoría de reacción inmediata a todos los juzgados de Paz de capital. Igualmente, envió la nómina de jueces y funcionarios afectados a la Contraloría General de la República para que indague sobre los bienes de los mismos y si existe correspondencia.
La máxima instancia también ha ordenado el traslado de los ujieres sospechados a otras dependencias del Poder Judicial como mecanismo de reacción administrativa sobre los aparentemente funcionarios deshonestos del Poder Judicial.
