Durante el Conversatorio Regional sobre Seguridad de Jueces y Fiscales frente al Crimen Organizado, el presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay AJP, Delio Vera Navarro, señaló que los operadores del sistema requieren de una protección integral para impartir justicia con independencia como lo requiere la judicatura.
Comentó, que un juez amenazado en su integridad es una persona que podría fallar en su misión de impartir justicia, que, ante el frenético crecimiento del crimen organizado es necesario que esta se afronte coordinadamente con todos los actores del Estado.
Agregó que en la actualidad la Asociación de Jueces se encuentra trabajando en un protocolo de seguridad para los jueces de la República que será puesta a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia próximamente. Este Manual tiene como objetivo principal brindar un entorno seguro para la función judicial y especialmente a los jueces que realizan labores en el fuero especializado contra el crimen organizado.
“Estamos compelidos a brindar una verdadera protección integral a los operadores de justicia porque un juez que se ve amenazado ya sea personalmente o su entorno familiar se encuentra con la enorme dificultad de poder ejercer su función con tranquilidad y objetividad que requiere la judicatura”, señaló el camarista Delio Vera Navarro presidente de la Aso de Jueces.
Por otro lado, señaló que los jueces de Paraguay no tienen ni donde estacionar sus vehículos y que ingresan caminando a los tribunales, que aún existe mucho camino que recorrer para lograr la seguridad que necesitan los jueces ya que constituye una riesgo innecesario.
Recordó que Paraguay ya ha vivido tragedias respecto a los operadores de justicia que han sido asesinados incluso en su propio despacho como la jueza Diana Mereles.
Así como las amenazas con disparos de arma de fuego en el domicilio de magistradas que ejercen funciones en la frontera, que el gremio viene realizando numerosas reuniones con autoridades encargadas de la seguridad en nuestro país, tendientes a proteger a los operadores de justicia, que las amenazas no son hechos aislados sino muy repetitivos en las zonas fronterizas del país.
Remarcó, que es necesario brindar una protección a los jueces y fiscales que son piezas claves para preservar la legalidad y el orden y no se puede permitir que el crimen organizado intimide o silencie a los que imparten justicia, que la ley debe ser aplicada sin miedo, concluyó.
