Desde este lunes 30 se inicia el uso progresivo de las tobilleras electrónicas como dispositivos de control en casos de personas con arresto domiciliario y medidas de restricción en los casos de violencia familiar.
El plan piloto contempla unas 20 tobilleras en este primer mes y dentro de la ciudad de Asunción, para luego extenderse al departamento Central y otras cabeceras departamentales a fin de contener los casos de extrema violencia hacia las mujeres.
La empresa adjudicada proveerá el servicio según solicitud, hasta 1.000 dispositivos. Cada una tiene un costo estimado entre 2.009.000 a 2.100.000 guaraníes, que deberá ser abonado por los beneficiarios con esta medida alternativa. En caso de declararse su insolvencia, el costo será absorbido por el Ministerio del Interior, adelantó el director del Sistema 911, Hernán Escobar.
La aplicación de las tobilleras correrá a criterio de cada juez penal de garantías. Ante un pedido jurisdiccional, la Policía Nacional realizará el estudio de factibilidad, donde se verifican las señales de GPRS y de radio, ambas utilizadas por los dispositivos, así como los perímetros de movimiento.
Tras los últimos horrendos casos de feminicidio, el Ejecutivo apuró el uso de las tobilleras electrónicas, que tienen como fin un control más riguroso del agresor y evitar que se acerque a la víctima, ya que en caso de vulnerar el radio de prohibición, la policía debe acudir a la zona donde está el procesado y también acudir a la casa de la víctima.
Esta situación es la que pone en alerta a la sociedad, ya que estará a cargo de la policía nacional realizar esa rápida presencia para que el uso de estos dispositivos tenga la finalidad eficaz que se busca. El control del uso del dispositivo estará a cargo del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control, dependiente del Ministerio del Interior, y tendrá a su cargo la instalación de la tobillera al imputado y el control permanente de su uso.
Al momento de instalarle la tobillera al imputado, se le debe alertar de las consecuencias de la destrucción del aparato que se le instalará, el cual deberá ser identificado sin error alguno, al igual que la víctima. El uso de este dispositivo no podrá aplicarse a personas condenadas por crímenes o reincidentes, según parte del decreto reglamentario que llega después de varios años de haberse aprobado la ley.
