El fiscal Augusto Ledesma Blasser impuytó a Rigoberto Godoy Rojas, de 29 años, quien presuntamente sería responsable en la comisión de los hechos punibles de tenencia sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes.
Fueron expulsados de su comunidad en base a las leyes consuetudinarias, pero ante la gravedad del crimen cometido, sus líderes solicitaron que sean juzgados por la justicia ordinaria.
Un tribunal de alzada hizo lugar a una recusación en contra de la jueza Lici Sánchez, y el caso ahora quedará en manos de otro juez penal de garantías que será sorteado.
La jueza de Ejecución Penal Especializada en Crimen Organizado y Delitos Económicos, María Rosalía González, dictó resolución en el marco de la causa Julio César González s/ Ley 2523/04 de Enriquecimiento Ilícito y ordenó la inscripción de un inmueble comisado en favor del Estado.
La cartera de Estado dispuso la medida tras detectar covid-19 en una mujer privada de libertad que fue trasladada del Buen Pastor al Centro Penitenciario para Mujeres “Juana María de Lara” de Ciudad del Este.
