El abogado Ricardo Merlo quien representa a los vecinos de Tablada Nueva había cuestionado la inacción por parte de la agente fiscal Lorena Ledesma en la denuncia contra frigoríficos y curtiembres de Tablada Nueva que son agentes contaminantes de la zona y afectan gravemente la calidad de vida de los vecinos, sin embargo, nunca fueron imputados por la fiscal saliente.
La agente fiscal Elvia Catalina Chávez, fue designada por el fiscal general del Estado Emiliano Rolón como la nueva titular de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, con sede en Asunción, en reemplazo de la fiscal interina Lilian Lorena Ledesma. Chávez, asumirá oficialmente en funciones en esta unidad desde el 25 de febrero próximo.
Igualmente, la resolución de la fiscalía general dispone un inventario de las causas que tiene a su cargo Ledesma, el estado de estas, así como las evidencias existentes en dichos procesos investigativos y el lugar donde se encuentran depositados.
La nueva fiscal deberá presentar las constancias de la recepción del inventario a la fiscalía general del Estado en un plazo de 20 días. Se señala que el cambio tiene la finalidad garantizar la eficiente labor del Ministerio Público en esta unidad fiscal.
Merlo, dijo que esperaban este cambio ya que la agente fiscal Lorena Ledesma siempre tuvo, “una actitud indolente con el sufrimiento de los vecinos de Tablada por causa de la contaminación. A casi dos años de la denuncia no se constituyó en el barrio a verificar, no realizó ninguna imputación con toda la evidencia de la contaminación existente”.
El especialista en medio ambiente Ricardo Merlo, impulsa una denuncia en representación de tres barrios de Asunción afectados directamente por la faena y manipulación indebida de ganado en su vecindario y hasta el momento no se ha imputado a ninguno de los propietarios.
El profesional cuestionó la lenta actuación del Ministerio Público ante una situación de suma gravedad ya que la operatividad de estas curtiembres y frigoríficos supone un riesgo real para la vida de los pobladores de Tablada y aguardan que con este cambio la causa sea tomada en serio y se procese a los dueños de estas empresas que siguen operando impunemente afectando la vida de los residentes en los barrios cercanos a los frigoríficos.
Recordó, que los propietarios de estas empresas se exponen hasta a diez años de pena privativa de libertad y reclaman que las instituciones actúen consecuentemente en base a lo que la ley les obliga.
