La Asociación de Jueces del Paraguay AJP, en colaboración con el Centro de Estudios en Regulación y Telecomunicaciones CERTAL, firmaron un acuerdo de cooperación que incluye la formación y actualización de jueces y juezas en temas críticos como la piratería y ciberseguridad.
Con este convenio se busca fortalecer la capacidad de respuesta de los magistrados en estos delitos tan complejos y actuales como los crímenes perpetrados en línea, así como los casos referentes a la vulneración de la propiedad intelectual.
La vicepresidenta de la Asociación Bibiana Benítez resaltó la importancia del acuerdo para todos los asociados y principalmente para la ciudadanía que será la beneficiaria final con la capacitación a los operadores de justicia, “La piratería y el cibercrimen son delitos que socaban la economía formal de un país y, por ende, juega un papel importante la seguridad jurídica”, mencionó.
El auge de la tecnología y el crecimiento exponencial de los ciberdelitos, han traído consigo numerosos desafíos en materia de seguridad y protección de la información. La piratería y los ciberataques se han convertido en amenazas constantes que afectan tanto a individuos como a instituciones y empresas.
En este contexto, la formación especializada de jueces y juezas es esencial para asegurar una respuesta efectiva y fundamentada ante estas infracciones. Este fenómeno no solo perjudica a los creadores y titulares de derechos, sino que también promueve la informalidad y puede estar vinculado a actividades ilegales y grupos delictivos internacionales. Frente a este problema, la Asociación de Jueces del Paraguay AJP, representada por su vicepresidenta, Bibiana Benítez, firma este convenio marco de colaboración con CERTAL, representado por su presidente ejecutivo, Pablo Scotellaro.
La colaboración estará orientada a la capacitación en materia de tecnología, innovación, ciberseguridad y antipiratería. La misma brindará a los mismos una formación integral que incluirá las últimas tendencias, técnicas y herramientas utilizadas por los cibercriminales, fortaleciendo competencias específicas para la investigación y el enjuiciamiento de delitos cibernéticos, asegurando que los encargados de impartir justicia cuenten con los conocimientos necesarios para abordar estos casos de manera eficiente.
También se fomentará la colaboración y el intercambio de conocimientos entre instituciones judiciales, académicas y tecnológicas, así como promoverá la sensibilización sobre la importancia de la ciberseguridad y la prevención de la piratería, tanto dentro del ámbito judicial como en la sociedad en general.
