La cámara de apelaciones resolvió rechazar la recusación presentada contra los jueces Adriana Planás y Matias Garcete, recusados por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio y que frustró la continuidad del juicio oral que soporta por cohecho pasivo agravado por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Marcus Vinicius.
El acusado buscó apartar a dos integrantes de su tribunal de sentencia cuyas competencias fueron confirmadas en el marco de este proceso. Con esta decisión los jueces están nuevamente habilitados para fijar una nueva fecha para continuar el juzgamiento público del exministro del interior acusado de haber recibido beneficios de un narco.
«No se observa elemento alguno que compruebe fehacientemente que los magistrados recusados hayan emitido opinión o consejo algunos con lo que puedan verse afectados su imparcialidad en la presente causa», dice la cámara.
Agrega que, la defensa busca utilizar la figura de la recusación como mecanismo recursivo cuando esta no es la vía para cuestionar las resoluciones adoptadas por el tribunal que no sean favorables a la defensa.
La fiscalía sostiene que, Giuzzio tenía vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius detenido en su país y que este pretendía ser proveedor de insumos tácticos para la Policía Nacional y por ello se acercó a Giuzzio.
La acusación del Ministerio Público contra Arnaldo Giuzzio, es por cohecho pasivo agravado (coima) por haber supuestamente recibido favores del narcotraficante Marcus Vinicius, la fiscalía dice tener certeza plena de la conducta punible desplegada por el exministro del Interior.
“El acusado Arnaldo Giuzzio estuvo en territorio brasileño utilizando la camioneta prestada por Marcus Vinicius Espínola, desde el 26 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022. Teniendo en cuenta todo el material probatorio colectado es posible afirmar que el acusado Arnaldo Giuzzio tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de contratar con el Estado paraguayo y particularmente con la cartera que él representaba”, sostiene parte del escrito de acusación contra Giuzzio.
El acusado habla de que se manipuló las pruebas y que se sustrajeron pruebas sin orden judicial, además de la apropiación de documentos de su domicilio. Alega que el caso está plagado de irregularidades.
La defensa sostiene que no existe hecho punible alguno, ya que Vinicius nunca contrato con el ministerio del Interior y que Giuzzio nunca recibió ningún beneficio porque el supuesto préstamo de vehículo fue negado por el propio Marcus Vinicius.
El abogado Emilio Fuster ejerce la defensa de Giuzzio en esta etapa de su proceso.
