Fue lo confirmado por el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción Nelson Mora, quien aclaró que el plazo para el traslado o suspensión de la faena ya rige para los agentes contaminantes de la zona de Tablada Nueva.
Comentó que, al estar vigente la nueva ordenanza solo debe ser acatada y que los controles para el efectico cumplimiento de la ordenanza será muy rigurosa que todos los frigoríficos serán tratados por igual y se exponen a multas altísimas en caso incumplir la nueva ordenanza municipal.
Que, incluso se exponen a que se les cancele las licencias que les permiten operar y hasta la suspensión de sus actividades y la clausura de los locales en caso de incumplir las nuevas disposiciones legales que busca en cierta medida frenar la contaminación de esta zona de Asunción.
Comentó que, la ordenanza estipula el traslado gradual en un plazo de tres años de los frigoríficos ubicados en la zona de Tablada Nueva y esta disposición ya está vigente.
Agregó que, durante el primer año la ordenanza contempla el cierre de las actividades relacionadas a la faena de animales, así como la presentación de un calendario para el traslado paulatino de estas empresas que dañan gravemente la vida de los pobladores de la zona.
Los vecinos organizados celebraron que por los menos las autoridades administrativas hayan escuchados sus reclamos y que estén trabajando en el traslado de estos frigoríficos que perjudican gravemente su ambiente y salud.
Por otro lado, lamentan que, el Ministerio Público pese a los indicios de contaminación no haya imputado a nadie en el marco de la denuncia por daño ambiental que han formulado ante la agente fiscal Lorena Ledesma.
El especialista en medio ambiente Ricardo Merlo, es quien impulsa una denuncia en representación de tres barrios de Asunción afectados directamente por la faena y manipulación indebida de ganado vacuno en su vecindario y hasta el momento no se ha imputado a ninguno de los propietarios.
El profesional cuestionó en reiteradas oportunidades la lenta actuación del Ministerio Público ante una situación de suma gravedad ya que la operatividad de estas curtiembres y frigoríficos supone un riesgo real para la vida de los pobladores de Tablada.
Recordó, que los propietarios de estas empresas se exponen hasta a diez años de pena privativa de libertad y reclaman que las instituciones actúen consecuentemente en base a lo que la ley les obliga.
