Contaminación en Tablada: Fiscal ambiental recibió a los afectados

La agente fiscal Elvia Chávez la nueva agente fiscal ambiental de Asunción, recibió a los referentes de varias comisiones vecinales que impulsan una denuncia penal contra los frigoríficos y curtiembres de Tablada Nueva. Los vecinos organizados estuvieron acompañados de su abogado el especialista en medio ambiente Ricardo Merlo.

Los vecinos una vez más manifestaron su preocupación por el nulo avance de la investigación y exigen al Ministerio Público arbitrar los mecanismos para avanzar en la pesquisa y así frenar el faenamiento que es la preocupación más inmediata.

Integrantes de las comisiones vecinales del barrio Virgen de Fátima se reunieron con la nueva agente fiscal que lleva el caso contra los frigoríficos, curtiembres y churrerías en la zona de Tablada Nueva de Asunción afectados gravemente por la operatividad de estas empresas.

Aclararon que no tienen nada en contra de estas firmas, pero, que deben adecuar sus mecanismos de trabajo para no afectar tan profundamente a sus vecinos que soportan hace más de tres décadas las condiciones insalubres de vivir en la zona.

“Esperamos encontrar una solución favorable, que se ponga fin a los inconvenientes ocasionados por estas fábricas. Solicitamos cesar el faenamiento. El olor es intolerable, y las moscas dificultan incluso abrir las ventanas o disfrutar al aire libre en familia», mencionaron los vecinos a la agente fiscal quien se comprometió a evaluar el área y controlar estos problemas.

La contaminación por la operatividad de los frigoríficos afecta a unas 20.000 familias que diariamente soportan olores nauseabundos y moscas en enjambre lo que aumentan con el excesivo calor.

Ricardo Merlo, había alertado sobre la contaminación ambiental en Tablada y el grave impacto que ocasiona en la vida de los vecinos la operatividad de estas curtiembres y frigoríficos porque supone un riesgo real a la vida de los pobladores de Tablada Nueva.

Recordó, que los propietarios de estas empresas se exponen hasta a diez años de pena privativa de libertad y reclaman que las instituciones actúen consecuentemente en base a lo que la ley les obliga.

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