La Contraloría General de la República recibió los primeros informes respecto a los nueve jueces de Paz de Capital indagados por su presunta participación en un esquema criminal de estafa. Igualmente, se analiza el dictamen de correspondencia respecto a 40 funcionarios de manera prioritaria.
En su momento, la misma Corte Suprema de Justicia remitió la nómina de sus jueces y funcionarios (147) para sean analizadas por la Contraloría y se dictamine si las mismas tienen correspondencia con el nivel de ingresos de los magistrados y funcionarios.
La investigación se inició a fines de diciembre del año pasado con los pedidos de informes a distintas instituciones públicas como: Registro del Automotor, Registros Públicos, bancos y financieras, buscando con ello un análisis del patrimonio que poseen los indagados y si se corresponde con sus ingresos legítimos.
La CGR, investiga el patrimonio de los jueces; Gloria Machuca, Gustavo Villalba Báez, Nathalia Guadalupe Garcete, Carmen Analia Cibils, Liliana González de Bristot, Víctor Nilo Rodríguez, Elvira Margarita Franco, Alejandro Alcides Peña y Lourdes Yumi Piñeiro.
De los indagados resalta el nombre de la magistrada Gloria Machuca, cuya figura se mediatizó luego de la censura que impuso al empresario Christian Chena y su medio RDN así como el intento de censura al periodista Alfredo Guachiré, hoy, enfrenta una nueva investigación ordenada por sus superiores por el posible esquema criminal montado en los juzgados de Paz de Capital.
La censura a Chena fue una de sus decisiones más cuestionadas y difundidas ya que Machuca, utilizó la ley 5.777 de protección integral a mujeres víctimas de violencia para amordazar al empresario y su medio.
Con Machuca, otros ocho jueces se encuentran bajo la mira de la CGR a pedido de la misma Corte Suprema de Justicia.
Otra de las figuras que resalta en esta lista de indagados por la Contraloría es la de la jueza Carmen Analía Cibils, cuya suspensión fue levantada por el pleno de la Corte por haber caducado el tiempo de sanción que dispuso la máxima instancia.
Ante la grave denuncia que salpica a ujieres y jueces de los juzgados de Paz de Capital, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto iniciar una auditoria de reacción inmediata a los juzgados afectados y la remisión de la nómina de los jueces y funcionarios a la Contraloría para el dictamen de correspondencia de sus bienes patrimoniales.
La denuncia refiere que existe un esquema criminal montado en los juzgados de Paz, para despojar a las personas de sus haberes de forma irregular. La denuncia también menciona la ostentosa vida que llevan los ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz.
El objetivo de la investigación dictada por la Corte, es verificar la existencia efectiva de irregularidades en la tramitación de procesos ejecutivos y la identificación de los presuntos responsables, para tomar medidas decisivas al respecto.
