El ministro Alberto Martínez Simón, en conversación con Judiciales TV, dijo que en el presupuesto solicitado para el ejercicio 2023 sólo se plasman las necesidades reales del Poder Judicial.
Señaló que hace diez años, tanto los funcionarios como los magistrados, no tienen un reajuste en sus ingresos y que corresponde una actualización de sus salarios por el desfasaje que implica la situación que los afecta y que significa una actualización de sus haberes más que un aumento salarial.
Mencionó además que el presupuesto del Poder Judicial no tuvo ninguna variación incluso en pandemia y necesitan seguir ofreciendo un mejor servicio lo que requiere de inversiones como la construcción y terminación de diez obras que tienen programadas ejecutar para el año que viene.
“Pasamos un presupuesto crecido con respecto al año pasado, hay que entender que nuestro presupuesto no sufrió modificaciones en todo el tiempo de pandemia. No tenemos aumentos salariales desde hace exactamente diez años, desde el año 2012 los funcionarios y magistrados ganan exactamente lo mismo, el salario mínimo era un millón menos que ahora existe un desfasaje muy importante lo que se presenta como aumento salarial, en realidad es una actualización del salario, magistrados y funcionarios no tiene aumento desde hace mucho tiempo”.
“Por lo tanto con este pedido queremos hacer saber al Ejecutivo y al Congreso las necesidades reales del Poder Judicial, que tiene muchos requerimientos de la ciudadanía, mismo lo del expediente electrónico, si bien no tiene un costo significativo requiere de una inversión para los espacios físicos, tenemos también diez frentes de construcción. Sabemos que las finanzas del Estado no son las mejores, pusimos todos nuestros requerimientos y obviamente con mucho gusto vamos a participar de esa mesa en la cumbre de poderes a fin de exponer por qué estamos solicitando este presupuesto”.
“El presupuesto que presenta hoy día el Poder Judicial, es del 3.2%, del presupuesto total de la administración central, excede solo un 0,2% del monto que por ley le corresponde a la Corte recibir” señaló el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón.
Por último, el ministro Martínez Simón mencionó que, de no recibir el monto requerido, tendrán que ver que obras sacrificar y cuáles priorizar.
