La jueza de Paz Gloria Machuca quien busca su confirmación en el cargo, es una de las juezas indagadas por la Corte Suprema de Justicia por un presunto esquema criminal montado en los juzgados de Paz de Capital con pagarés.
La Corte ha dispuesto auditar el juzgado de Machuca, también controlan su horario de entrada y salida, así como la de sus funcionarios y el resultado de este informe debe ser remitido a los ministros de forma periódica.
Además, la Contraloría General de la República indaga la declaración jurada de bienes de la magistrada para emitir un dictamen de correspondencia a pedido de la Corte, así como la de sus funcionarios.
La polémica jueza Gloria Machuca, busca ser confirmada en el cargo como jueza de Paz. La magistrada cuya figura se mediatizó luego de las censuras que impuso al empresario Christian Chena y su medio RDN así como el intento de censura al periodista Alfredo Guachiré, hoy, enfrenta una nueva investigación ordenada por sus superiores por el posible esquema criminal montado en los juzgados de Paz de Capital.
La censura a Chena fue una de sus decisiones más cuestionadas y difundidas ya que Machuca, utilizó la ley 5.777 de protección a mujeres víctimas de violencia para amordazar al empresario y su medio.
Con Machuca, otros ocho jueces se encuentran indagados por la Corte y se les controla hasta su horario laboral, luego que saltara la información de una fraudulenta cofradía montada en complicidad aparente con jueces de este fuero con pagarés.
Además de Gloria Machuca, están bajo la lupa los jueces: Gustavo Villalba Báez, Nathalia Guadalupe Garcete, Carmen Analia Cibils, Liliana González de Bristot, Víctor Nilo Rodríguez, Elvira Margarita Franco, Alejandro Alcides Peña y Lourdes Yumi Piñeiro.
Ante la grave denuncia que salpica a ujieres y jueces de los juzgados de Paz de Capital, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto iniciar una auditoria de reacción inmediata a los juzgados afectados y la remisión de la nómina de los jueces y funcionarios a la Contraloría para el dictamen de correspondencia de sus bienes patrimoniales.
La denuncia refiere que existe un esquema criminal montado en los juzgados de Paz, para despojar a las personas de sus haberes de forma irregular. La denuncia también menciona la ostentosa vida que llevan los ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz.
El objetivo de la investigación dictada por la Corte, es verificar la existencia efectiva de irregularidades en la tramitación de procesos ejecutivos y la identificación de los presuntos responsables, para tomar medidas decisivas al respecto.
