Dany Durand fue sancionado por chicanear en su proceso

El político Dany Durand imputado por estafa fue declarado como litigante de mala fe por las reiteradas acciones dilatorias que estancan el desarrollo de su audiencia preliminar y fue sancionado con multa.

La justicia lo obliga a pagar la suma de G. 3.766.945 equivalente a 35 días multa por su inconducta. Esto lo resolvió la jueza penal de garantías Cynthia Lovera este lunes.

Durand, está imputado por estafa, asociación criminal, conducta conducente a la quiebra, lesión de confianza, desvío de aportes de seguro social, lavado de dinero y estafa en grado de tentativa.

El fallo menciona específicamente la audiencia preliminar fijada para el pasado 7 y 8 último para las 8:30; notificada a las partes con 21 días de antelación. Sin embargo, el día de la audiencia 1 hora y 25 minutos antes de la diligencia recuso a las agentes fiscales Alba Delvalle, Ruth Benítez e Irma Llano.

“Al respecto esta magistratura sostiene que no desconoce el derecho a la defensa material en juicio consagrado en el Art. 16 de la Constitución Nacional, asimismo de la facultad prevista en el Art. 57 y concordantes del Código Procesal Penal, sin embargo, plantear la recusación en contra de las agentes fiscales recientemente confirmadas por el fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, y efectuado el día señalado para la audiencia preliminar con una hora y veinticinco minutos antes, evidencia de esta forma una actitud meramente dilatoria por parte del procesado Dany Durad”, menciona parte de la resolución.

Según la investigación fiscal, los hechos punibles presuntamente cometidos por Dany Durand, se dieron mediante engaños tanto por parte de él como de varios empleados de su firma MOCIPAR. Los clientes adquirían inmuebles, vehículos y electrodomésticos a cuotas. Estos bienes eran entregados una vez terminado el pago, pero estaba sujetos a un sorteo dominical donde en caso de ser adjudicados, la cuenta estaba saldada.

Para el Ministerio Público el contrato era irregular, ya que ante el mínimo retraso en las cuotas, los clientes perdían todo derecho.

Respecto a su defensa representada por el abogado Cristhian Fernando Aquino, la jueza Lovera resolvió poner a conocimiento del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para lo que hubiere lugar en derecho.

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