Bernardo Villalba uno de los defensores del acusado exgobernador del departamento Central, sostuvo en sus alegatos finales que el Ministerio Público no probó el hecho punible y el nexo causal respecto al acusado para quien se pidió ocho años de cárcel por lesión de confianza y otros.
Villalba sostuvo que su cliente no se quedó con ninguna plata de la Gobernación de Central, sino muy por el contrario se encuentra viviendo en la absoluta indigencia sin dinero para pagar ni a sus abogados.
El defensor alega que la fiscalía entregó datos falsos al tribunal de sentencia y que los fondos fueron transferidos en tiempo y forma tras la ejecución de obras una vez determinada las obras que son en total 14 obras, que fueron pagadas a través de la ONG CIAP.
Agregó que, el 60% de los 5.100 millones debía ser destinado en obras para la reactivación económica tras la pandemia del Covid-19.
“Advertimos al Ministerio Público que no existe un perjuicio patrimonial, no existe doble pago. Le habíamos dicho a la fiscalía que no iban a probar de que todas las obras eran fantasmas, de que las obras no existían, esas obras sí existen. La fiscalía plantea una ficción que los acusados se quedaron con la plata de las obras. No hay ni un solo documento que haya sido observado de la rendición de cuenta aprobada por la Contraloría.
En este juicio tiene que demostrarse acabadamente los hechos y no en lo que cree el Ministerio Público que, está obligado a probar pidió una condena grave buscando destruir la vida de un inocente en base a sus creencias y no en pruebas. Existe correspondencia en el patrimonio de Hugo Javier quien hoy vive en la más absoluta indigencia, estamos acá para defenderlo como amigos porque no tiene un centavo para cubrir nuestros honorarios”, señaló Bernardo Villalba.
Hugo Javier soporta cargos por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, declaración jurada falsa por formar parte de un esquema para defraudar al Estado por poco más de 5.100 millones de guaraníes.
Además de Hugo Javier están acusados en esta causa: Javier Rojas, Luis Allende, Lourdes Lezcano, Modesta Valiente y Miguel Ángel Torres.
La fiscalía sostiene que cuenta con numerosos documentos para probar que se hizo un desembolso de 5.100 millones guaraníes y que no fue destinada a obra alguna, sino que meses después se trató de adecuar las obras para justificar los desembolsos y tiene como demostrar el detalle del desembolso quien recibió y cuánto.
Una vez iniciada las pesquisas, se adecuaron las obras y las facturas clonadas y o adulteradas fueron reemplazadas para justificar los millonarios desembolsos de la Gobernación a la ONG, fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP.
El tribunal de sentencia está integrado por las juezas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.
