La actuaria judicial Juliana Romero, imputada por presuntamente haber camuflado uno de los expedientes de Ramón González Daher, recuperó su libertad por decisión del juez Rolando Duarte.
El magistrado sustituyó el arresto domiciliario que pesaba en contra de la funcionaria judicial y le concedió la libertad ambulatoria. Además de una fianza, el juzgado estableció las siguientes reglas de conducta para Juliana Romero; como la prohibido cambiar de salir del país sin permiso del juzgado, la comparecencia mensual ante juzgado y la obligación de mantener el domicilio fijado en el expediente.
Tras la audiencia de revisión solicitada por la procesada, la actuaria pudo recuperar su libertad ambulatoria ratificándose la caución real sobre un inmueble por valor de G 150.000.000.
La agente fiscal Ruth Karina Benítez imputó a la actuaria judicial Juliana Romero por supuestamente haber manipulado el sistema informático del Poder Judicial y así camuflar el expediente de RGD.
Los tipos penales imputados por el Ministerio Público son el de sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionario por haber supuestamente sido ella la que modificó e hizo desaparecer el expediente del usurero Ramón González Daher.
Según la fiscal de la causa la funcionaria uso su usuario y contraseña para modificar el expediente de Ramón González Daher, e incluso siempre según el relato fiscal ella pidió quedarse con el expediente del usurero luqueño.
Esto sostiene el Ministerio Público en base al testimonio del juez Darío Báez quien en cuyo juzgado se encontraba el expediente con miras al juicio oral y público, así como otros funcionarios de este juzgado, cuyos relatos la fiscalía lo tiene como ciertos luego escucharlos en calidad de testigos y quienes de forma unánime señalaron que Romero nunca permitía que su computadora sea utilizaao por sus compañeros con lo que para el Ministerio Público fue ella con su usuario Ju_Romero la que accedió para camuflar el expediente del usurero luqueño.
En noviembre próximo le vence el plazo extraordinario a la agente fiscal Ruth Benítez para formular requerimiento conclusivo en el caso. Hasta el momento no existe otra persona imputada más que la exactuaria de Darío Báez.
