Denis Steven Bareiro fue detenido mediante un control policial en la zona de Ita, se encontraba prófugo de la justicia luego de haber sido imputado por una estafa masiva a través de su playa de autos Steven Automotores de Ñemby.
El Ministerio Público lo imputó por asociación criminal y estafa por integrar un esquema montado para estafar a compradores de su playa de autos. Incluso este grupo delictivo contaba con la colaboración de integrantes del sistema de justicia.
Según la investigación, la playa de venta de vehículos Steven Automotores de Ñemby vendía rodados con planes aparentemente ventajosos, pero en muchos casos sus dueños o empleados no se hacían encontrar cuando los clientes querían pagar su cuota, de modo a generar un retraso en el pago y así poder recuperar los rodados mediante órdenes de secuestro emitidas casi al instante por el Juzgado de Paz de Nueva Asunción.
Jorge Adolfo Franco Garelik y Gaona Benítez en carácter de juez y funcionaria del Juzgado de Paz de Chacoi, habrían emitido resoluciones como orden de secuestro violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles Steven Automotores, a través de su dueño Denis Steven Bareiro y sus representantes legales. Resoluciones que fueron emitidas inmediatamente después del escrito de la demanda sin cumplir las formalidades que requiere un juicio ordinario en el ámbito civil, esto se corrobora con el acta de allanamiento realizado en fecha en el Juzgado de Paz de Chacoi Nueva Asunción, de donde se incautaron 68 expedientes judiciales sin los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil.
En la misma causa, también fue imputado por estafa y asociación criminal, el juez de Paz de Nueva Asunción, Jorge Adolfo Franco Garelik (suspendido en sus funciones sin goce de sueldo). Igualmente, está imputada en la causa, Gabriela Noemí Gaona Benítez, actuaria judicial del mismo juzgado, por la supuesta comisión del hecho punible contra el ejercicio de las funciones públicas, prevaricato y asociación criminal.
El Ministerio Público sospecha de un esquema montado para crear expedientes judiciales con procesos irregulares sin dar cumplimiento a lo que establece la forma de la demanda del Código Procesal Civil y trámites procesales, con la intención de engañar y obtener beneficios económicos para cada uno de los integrantes de esta organización criminal.
