En un fallo relevante, la Sala Penal, con el voto del ministro preopinante Manuel Ramírez Candia, ha determinado recientemente que las dilaciones ocasionadas por las partes pueden interrumpir el plazo de prescripción en casos judiciales.
Esta decisión podría tener un impacto significativo en la persecución de delitos, especialmente aquellos relacionados con corrupción pública, al evitar que los procesos se vean truncados prematuramente debido a errores en el cómputo de los plazos legales.
El fallo en cuestión reviste importancia ya que establece que acciones como recusaciones, excepciones de inconstitucionalidad y períodos de suspensión de la actividad jurisdiccional, como los causados por la pandemia de COVID-19, pueden considerarse causales de interrupción del plazo de prescripción. Esta interpretación, según el ministro Ramírez Candia, asegura que los procesos judiciales no queden impunes debido a técnicas dilatorias o «chicanas» procesales.
Un ejemplo concreto que ilustra la relevancia de este fallo es el caso del exfiscal Gustavo Enrique Cáceres, cuya causa fue declarada prescripta por un error en el cálculo de los plazos, ignorando los días de suspensión debido a recursos presentados en el expediente. Según el cómputo realizado por Ramírez Candia, la causa tuvo una interrupción de más de 3.178 días, extendiendo el plazo de prescripción hasta el año 2031.
La Sala Penal ha ordenado anular las decisiones previas y ha dispuesto el reenvío del caso a un nuevo tribunal para su juzgamiento. Este fallo no solo aclara el tratamiento de los plazos de prescripción en casos de dilaciones procesales, sino que también establece un precedente relevante para la administración de justicia en general, al garantizar que los procesos no se vean afectados por errores en el cómputo de los plazos legales.
Este fallo destaca la importancia de abordar las dilaciones procesales de manera efectiva para evitar que los delitos queden impunes y para asegurar una administración de justicia justa y eficiente.
