La abogada Noelia Núñez quien representa a numerosas victimas que tienen sus juicios tramitados en el juzgado de Benjamín Aceval, cuyo juez Roberto Ferreira ya renunció, señaló que este juzgado actuaba como un kiosco del estudio jurídico allanado en su momento y de donde se rescataron 30 expedientes.
Núñez, mencionó que es innegable la existencia de un patrón común estos juicios como las famosas notificaciones voladores. Que las anomalías son latentes desde el mismo momento en que el expediente ingresa al Poder Judicial que incluso las notificaciones se hacían en lápiz de papel.
Agregó que, tras un inventario minucioso previa copia y autenticación se procede a la devolución de los expedientes a juzgado de Benjamín Aceval, donde siempre debieron estar estos expedientes, sin embargo, fueron encontrados en un estudio jurídico.
“Las notificaciones voladoras y genéricas se hacían a granel, y con lápiz de papel se ponían al dorso el número de juicio para luego agregar. Hay irregularidades en ingresos de expedientes al departamento de Estadísticas irrefutables”, menciona la abogada Noelia Núñez.
En su momento el fiscal Irán Suárez, allanó el estudio jurídico de la abogada Zully Ortíz Garcete, representante de la firma Vanessa y Asociados, que está bajo investigación como presunta integrante de una organización criminal conformada para estafar a los ciudadanos asalariados, mediante demandas promovidas sobre deudas ya canceladas.
El fiscal señaló que el estudio jurídico allanado actuaba como extensión del juzgado de Paz de Benjamín Aceval y ello se pudo comprobar con la cantidad de expedientes judiciales que tenían en su despacho jurídico, 30 expedientes lo que fue retirado como evidencias, así como las notificaciones que estaban en los basureros fueron retirados para su análisis, explicó el fiscal.
La intervención se realizó en el marco de la causa abierta contra un esquema denominado “mafia de los pagarés”, que presuntamente involucra a jueces de Paz, secretarios y ujieres, además de abogados y empresas, que están sindicados por el cobro compulsivo a las víctimas.
La pesquisa revela que, los pagarés son negociados entre particulares o de una a otra empresa, y la primera se desentiende de cualquier causa abierta, a pesar de haber cobrado la totalidad de lo comprometido y los otros se encargan de ejecutarlos como “impagos”.
