El pleno de la Corte Suprema de Justicia a pedido de la Sala Penal, emplazo por 15 a todos los jueces de Ejecución Penal del país a informar sobre los condenados que están cumpliendo sus sentencias en arresto domiciliario.
La máxima instancia busca saber las condiciones en las que fueron otorgadas esas medidas a los condenados. Esto surge luego del escándalo que salpica a la justicia con el otorgamiento de arresto a un narcotraficante condenado a 24 años de cárcel beneficiado con esa medida por la jueza Laura Benítez de Itapúa.
Tras cumplir solo 4 de los 24 años que le aplicó la justicia solicitó un arresto domiciliario en mayo de este año y la jueza de ejecución de Itapúa Laura Benítez le concedió el arresto domiciliario para cumplirlo en un domicilio de Itapúa, decisión que en la semana ya fue violada.
La ministra Carolina Llanes fue quien solicitó el pedido de emplazamiento a los jueces, luego de conversar con sus colegas Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera para requerir estos informes a los jueces encargados de ejecutar las condenas de las personas sentenciadas.
“En conversación con los integrantes de la Sala Penal, hemos decidido solicitar a todos los jueces de ejecución penal de la República a informar en un plazo de quince días al Consejo de Superintendencia en relación a las medidas de prisión domiciliaria u otra medida que permita a los condenados a pena privativa de libertad a cumplir su condena fuera de la penitenciaría. Esto, a los efectos que una vez entregado esos informes estarán sujetos a un control aleatorio por parte de la Dirección de Auditoría y Control Jurisdiccional asimismo solicitaremos a la Dirección de Estadística del Poder Judicial la información para cruzar los informes”, señaló la doctora Carolina Llanes a sus pares durante la sesión de este miércoles.
Una vez escuchado el pedido de la ministra Carolina Llanes, los ministros en pleno aprobaron el pedido de informe a los jueces de Ejecución Penal quienes conceden medidas extraordinarias a personas que no deben ser beneficiadas. La intención de la Corte es ejercer un control sobre los jueces de esta etapa del proceso cuya labor es vital para hacer cumplir las sentencias y quienes hoy están en la mira la máxima instancia.
Muchos jueces terminan sucumbiendo a la corrupción y acceden a pedidos oscuros por parte de los condenados que buscan distintas maniobras desde simular un pésimo estado de salud o directamente ofrecen dinero para lograr favores judiciales que les permitan cumplir sus condenas en la comodidad de su casa.
