El fiscal general del Estado Emiliano Rolón conformó un equipo fiscal para indagar la conducta del legislador Erico Galeano, esta vez, por la venta de su avioneta.
Los fiscales asignados para investigar un presunto hecho de lavado de dinero son Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero, quienes abren una nueva investigación contra el senador Erico Galeano por la venta de su avioneta para evitar un posible comiso.
Recientemente, se confirmó el juicio oral para Galeano en su primer caso por brindar logística al grupo criminal liderado por Sebastián Marset y Miguel Insfrán alias Tío Rico.
El senador colorado Erico Galeano, está a puertas de su juicio oral y público por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, por haber prestado colaboración y estar al servicio de la organización criminal liderada por Miguel Insfrán alias Tío Rico y Sebastián Marset, según la acusación fiscal.
El Ministerio Público está representado en esta causa por el fiscal Silvio Corbeta. En el debate oral se expondrán las pruebas ofrecidas por la fiscalía en contra del senador acusado de colaborar con el crimen organizado.
El senador colorado Erico Galeano fue acusado por asociación criminal y lavado de dinero por haber supuestamente prestado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico y recibía dinero a cambio de esta actividad, además simuló la venta de su casa en Aqua Village por 1 millón de dólares a Tío Rico, dice la fiscalía.
La acusación afirma que Erico Galeano no solo prestó su avioneta a los líderes de la organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, sino que estaba al servicio de la organización criminal y que no es casualidad que Marset y Tío Rico usaran su aeronave en reiteradas ocasiones.
“Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino también les brindó a los principales líderes, además de Miguel Ángel Insfrán Galeano, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros, el medio de transporte de su propiedad, para que los citados puedan trasladarse dentro del territorio nacional”, relata la acusación que debe ser debatida en la audiencia oral.
Esta causa es un desprendimiento del operativo A Ultraza PY, que fue el mayor operativo contra el crimen organizado en nuestro país que contó con la colaboración de la DEA, la EUROPOL, la Policía uruguaya y la Senad.
Es una de las mayores intervenciones realizadas en el país contra una estructura dedicada al tráfico de droga y lavado de activos, se llegó a incautar más 150 millones de dólares en bienes inmuebles que actualmente están siendo administradas por la Senabico.
