Instan a integrar el control de convencionalidad a las prácticas judiciales cotidianas

Rosa Pérez de García jueza del Superior Tribunal Electoral de República Dominicana e integrante de la división de igualdad y género, pidió a sus colegas magistradas de Iberoamérica aplicar el control de convencionalidad como una herramienta esencial para alinear las leyes nacionales y normativas internas como mecanismo de protección de derechos de la mujer.

La magistrada formó parte de uno de los paneles durante el Encuentro de Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, bajo el lema «Por una Justicia de Género», que desarrolla hasta hoy en CDE.

Pérez García, encomendó a sus colegas garantizar que las normas internas de un país no quebranten derechos fundamentales de las mujeres, y que eso es posible aplicando el control de convencionalidad que, amplía el espectro de los factores que permite la solución a ciertos problemas concretos y a la vez es un soporte de legitimación a las respuestas judiciales posibles.

“Destacamos que el control de constitucionalidad es un instrumento fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres, su enfoque interseccional debemos tomarlo en cuenta, ya que reconoce que las mujeres experimentamos aún discriminación y violencia de manera diferenciada unas de otras. Existen factores que inciden en cada caso en particular, tales como; el género, la raza, la clase social, la orientación sexual entre otras. En el caso particular de República Dominicana, el control de constitucionalidad se aplica a través de los órganos de justicia y es una facultad que descansa sobre los tribunales del Poder Judicial y e Tribunal Superior Electoral, son quienes podemos aplicarlo de forma difusa. Todos los jueces cuyos países ratificaron la convención americana tiene la obligación de realizar el control de convencionalidad en los casos que les sean planteados aún de oficio para asegurar los derechos de las personas”, aseguró la magistrada durante su intervención.

Agregó que, los magistrados tienen la responsabilidad de realizar una verificación preliminar de si las normas que están establecidas en las leyes nacionales resultan acordes a los estándares establecidos en la convención y en las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Concluye hoy uno de los eventos más importantes que aglutina por primera vez en Paraguay a cientos de magistradas de Iberoamérica para debatir sobre Justicia de Género.

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