Las juezas Laura Benítez y Nunila González Franco soportan proceso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM, por haber ordenado el arresto domiciliario de Erwin Solalinde Krause condenado a 24 años de cárcel por una megacarga de 18.900 kilos de marihuana en Villeta.
El órgano encargado de investigar y hasta de destituir del cargo a los operadores del sistema de justicia, abrió una causa respecto a ambas magistradas suspendidas sin goce de sueldo por la Corte Suprema de Justicia por la grave irregularidad que cometieron al conceder arresto domiciliario a un narco cuyo paradero se desconoce.
Es más, las miasmas fueron escuchadas por los ministros luego de adoptarse la decisión administrativa contra ellas, pero no pudieron refutar las graves sospechas que recaen sobre ellas sino por el contrario las afectadas reafirmaron las condiciones llamativas en las que otorgaron el arresto domiciliario a un narco que hoy está libre y prófugo.
Tras cumplir solo 4 de los 24 años que le aplicó la justicia, el narco Solalinde Krause solicitó un arresto domiciliario en mayo de este año y la jueza de ejecución de Itapúa Laura Benítez le concedió el arresto domiciliario para cumplirlo en un domicilio de Itapúa.
La jueza, le dio el beneficio de cumplir en su casa sus dos décadas de pena carcelaria sin tener a la vista según dijo a la Corte, los antecedentes del condenado por narcotráfico, con proceso por homicidio doloso y por falsificar la firma de una jueza para autoconcederse días de redención.
La llamativa decisión fue revocada por la jueza Laura Benítez, tras investigarse su temeraria decisión, de favorecer a un narcotraficante con un arresto domiciliario sin tener en cuenta la gravedad de la condena que soporta, la poca cantidad de años que lleva cumpliendo su condena y los demás antecedentes que posee.
Pero esto no es todo, otra jueza, pero esta vez de Central, Nunila González Franco también le concedió a Solalinde Krause un arresto domiciliario para que cumpla esta medida en la ciudad de Villa Elisa dentro de otro proceso penal.
Es decir, dos juezas casi al mismo tiempo le otorgaron este beneficio a un narco cuyo paradero se desconoce. Tras obtener el primer arresto que debía cumplir Itapúa vino a Central para conseguir el segundo arresto domiciliario en junio pasado.
La grave situación fue expuesta en su momento por la ministra Carolina Llanes, integrante de la Sala Penal quien escandalizada comentó a sus colegas los primeros resultados de las averiguaciones que realizaron para exponer los detalles de lo sucedido con el narco quien obtuvo a pedir de boca ir a su casa a cumplir su elevada pena con apoyo de las resoluciones de las dos magistradas.
El Jurado tomó como base para abrir la investigación la denuncia formulada contra las juezas por la misma Corte Suprema de Justicia.
