Este lunes el Ministerio Público presentó documentos en soporte magnético que prueban que las obras realizadas no cuentan con respaldo documental, tampoco tenían fecha de inicio o conclusión de las mismas ni el monto a pagar por las obras.
Igualmente, la fiscalía destacó que los certificados de obra no estaban firmados por personal idóneo en obras. Las obras que supuestamente se ejecutaron no coinciden ni en la ciudad ni en la fecha que debían ser realizadas según relato.
Las obras por las que la Gobernación realizó desembolsos fueron para hermosear parques, señalización, mantenimiento de espacios públicos, baños sexados entre otros.
“No se puede saber con exactitud si las obras fueron realizadas en el periodo de tiempo estipulado ante la falta de documentos. El certificado de obra es un documento que necesariamente debe estar firmado por el responsable de la obra”, señaló el fiscal Néstor Coronel al leer el dictamen de un equipo auditor.
La fiscalía en su acusación sostiene que, cuenta con numerosos elementos para probar que se hizo un desembolso de 5.100 millones guaraníes y que no fue destinada a obra alguna, sino que meses después se trató de adecuar para justificar y que tiene como demostrar el detalle del desembolso quien recibió y cuánto.
Una vez iniciada las pesquisas, se adecuaron las obras y las facturas clonadas y o adulteradas fueron reemplazadas para justificar los millonarios desembolsos de la Gobernación a la ONG, fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP.
Los elementos que ofrece el Ministerio Público son muy sólidos y acusa por varios hechos punibles al exgobernador de Central Hugo Javier.
Hugo Javier soporta cargos por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por formar parte de un esquema para defraudar al Estado por poco más de 5.000 millones de guaraníes.
Además de Hugo Javier están acusados en esta causa: Javier Rojas, Luis Allende, Lourdes Lezcano, Modesta Valiente y Miguel Ángel Torres.
El tribunal de sentencia está integrado por los jueces Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel. Mientras que la fiscalía está representada por el fiscal Néstor Coronel.La diligencia continúa en la producción de la etapa documental.
